La semana pasada HidroAysén se hizo parte en el recurso de protección que presentaron los detractores del proyecto para impugnar la actuación de la Comisión Evaluadora Ambiental que aprobó el complejo hidroeléctrico, que Endesa y Colbún impulsan en la XI Región.
El gerente legal de la firma, Camilo Charme, explicó que aunque estas acciones no cuestionan directamente al proyecto, sino que a la autoridad ambiental, la empresa se sumó al proceso que se ventila en la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, porque la decisión que se está tratando de revertir tiene que ver con el proyecto.
El ejecutivo aclaró que no solicitaron la anulación de la orden de no innovar que decretó el tribunal de alzada y que mantiene paralizada la tramitación administrativa del complejo de cinco centrales eléctricas, por ejemplo, en lo relativo a la revisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
El ejecutivo explicó que la empresa no pedirá la anulación de la orden de no innovar, pues decidieron no insistir sobre el tema. Esto, dado que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) le pidió al tribunal que especificara el alcance de su resolución y la corte determinó que ello era extensivo al pronunciamiento de la máxima instancia ambiental.PrecedentesEn los últimos cinco años, HidroAysén ha enfrentado unos 15 procesos de tipo judicial y administrativo.
Los registros permiten establecer que se trata de seis recursos de protección en tribunales ordinarios, cinco procesos de revisión ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), lo que incluye la consulta de Endesa y Colbún para asociarse en esta iniciativa.También figuran dos querellas criminales, tres pronunciamientos de la Contraloría, y más de cien oposiciones a la petición de derechos de agua adicionales, todas las cuales fueron rechazadas y sólo dos apeladas en la Corte Suprema.
Charme señala que ante la diversa naturaleza de estas acciones, HidroAysén cuenta con el apoyo de al menos cinco estudios de abogados.Añade que el denominador común de estas presentaciones y recursos ha sido el interés de entrabar o entorpecer el desarrollo del proyecto por parte de las organizaciones que lo rechazan.
«Esta intención se demuestra en la actitud de quienes presentan estas acciones, porque en algunas ni siquiera se han presentado a los alegatos y tampoco han apelado en instancias superiores cuando se nos ha dado la razón, que ha sido en casi todos los procesos», dijo Charme.
Fuente: El Mercurio