Autoridades y parlamentarios recogieron las inquietudes de nuevos grupos de potenciales regantes que piden acceso al agua del lago Laja, lo que les fue prometido tras la construcción del canal Laja-Diguillín. Antes de resolver esa legítima petición hay que enfrentar el problema de fondo: la adaptación del Convenio de 1958.
El acuerdo suscrito entre la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) y Endesa, cuando esta última era estatal, otorgó en los hechos a esta empresa el control sin contrapesos del uso y extracción del agua del lago Laja. Mientras no se modifique el convenio y el Estado no garantice la equidad entre los usuarios, conceder agua a más regantes sólo empeorará la situación de déficit, como consecuencia del uso irracional que Endesa hace del recurso. Para enfrentar estos abusos, los antiguos regantes nos estamos organizando formalmente. No aceptamos flexibilizaciones, como la de 1998, pues eternizan soluciones de excepción para un problema estructural que impide a los agricultores planificar sus siembras y riego.
Los derechos de los antiguos regantes son previos al Convenio de 1958 y no resulta justo, ni legítimo, que recaigan en ellos las consecuencias de una errada gestión de los recursos hídricos. Por lo anterior, la gestión de parlamentarios y autoridades debiera centrarse en obligar al Ministerio de Obras Públicas y a la DOH a enfrentar el problema y requerir de Endesa la modernización del Convenio de 1958, para hacerlo compatible con la verdadera disponibilidad del recurso y armonizar los derechos de generación con el uso turístico y agrícola. Luego, si la disponibilidad lo permite, resolvemos nuevos requerimientos.
Carlos Eberhardt del Río
Director de la Asociación de Canalistas del Laja