Consejo de Defensa de la Patagonia: “Se acabó el tiempo de Hidroaysén»

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Consejo de Defensa de la Patagonia: “Se acabó el tiempo de Hidroaysén»

HidroaysénTal como estaba programado, este jueves 14 de mayo se realizó la segunda jornada de alegatos en el Tribunal Ambiental de Santiago, donde participaron los juristas representantes de habitantes de Aysén y de las organizaciones socioambientales, agrupadas en Patagonia Sin Represas junto a los abogados del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y los reclamantes de Centrales Hidroeléctricas Aysén.  A la llegada,  de quienes concurrían al tribunal los esperaba un extenso lienzo de Greenpeace con el lema “Protege Patagonia”.

El equipo de juristas que respaldó el rechazo de HidroAysén, formado por Macarena Soler del CDP, Stephanie Donoso del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Valparaíso y Ezio Costa de la ONG FIMA, se mostró satisfecho indicando que “Se acabó el tiempo de HidroAysén”, una vez terminado el alegato. Los abogados fueron acompañados por el senador Antonio Horvath y diversos dirigentes, entre ellos Marcelo Castillo, Stephanie Donoso, Flavia Liberona (Terram), Matías Asún (Greenpeace), Juan Pablo Orrego (Ecosistemas), Erwin Sandoval y Rodrigo Poliche de Aysén y Patricio Rodrigo.Alegatos PHA 2015

Uno de los argumentos reiterados tanto por el abogado del SEA, Carlos Sepúlveda como por quien representaba a emblemáticos pobladores de Cocharne, Macarena Soler fue la falta de información esencial y relevante del EIA de HidroAysén, que no fue corregida en los informes posteriores y que determinó finalmente el rechazo del proyecto de cinco represas en la Patagonia.  “El Comité de Ministros de junio 2014 estimó que las deficiencias del proyecto HidroAysén no eran subsanables (…) Un proyecto por muy importante y grande que sea tiene que entregar la información en el Estudio de Impacto Ambiental. HidroAysén tiene que entender que no estamos en 1997 para hacer una mera declaración de intensiones”, enfatizó el Sepúlveda. “No podemos hacer un nuevo Ralco en la Patagonia. Nosotros elevamos los estándares ambientales porque no se pueden cometer los mismos errores del pasado” puntualizó categórico el representante del Servicio de Evaluación Ambiental.

Lo anterior fue refrendado por la jurista del CDP, Macarena Soler quien detalló que el proponente no tuvo la básica información específica en torno a los potenciales relocalizados del proyecto, ni concretó las visitas, por lo tanto no logró la caracterización de sus viviendas y actividades productivas, sin identificación de las familias como lo establece la ley.

Por su parte el abogado de la ONG FIMA, Ezio Costa apoyó el rechazo que obtuvo la iniciativa hidroeléctrica en junio 2014 argumentando que “Era una obligación de la administración del Estado, por eso  estamos apoyando esa decisión”, ante las reclamaciones de la parte contraria, agregó “El tema político está presente en todas las evaluaciones ambientales, es parte del diseño institucional que finalmente las decisiones recaigan en los Ministros de Estado, para bien o para mal“, refiriéndose a la potestad invalidatoria aplicada por el Comité de Ministros el año pasado, tema que fuera criticado duramente por el representante de HidroAysén, Mario Galindo en la primera sesión del tribunal.

Los abogados de HidroAysen fueron Mario Galindo y Gonzalo Cubillos, quienes solicitaban que se invalide la resolución del Comité de Ministros de la administración Piñera, por haber acogido parcialmente varias reclamaciones y dejar otras 18 pendientes, fraccionando el procedimiento, también se deje sin efecto la resolución que calificó desfavorablemente la iniciativa energética en el Comité de Ministro de la administración Bachelet, de junio 2014.

El plazo para pronunciarse del Tribunal Ambiental de Santiago podría extenderse hasta un año, según la experiencia de otras causas, sin embargo próximamente deberá retomarse el caso, ésta vez porque la firma recurrió ante la Corte de Apelaciones de Santiago cuestionando los dos decretos dictados por la DGA – en enero 2015- en que se le denegaron parcialmente los derechos de agua solicitados por la empresa para implementar las represas en Patagonia.

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