La idea, según explicó el legislador, no es sólo determinar el daño al medio ambiente que producen las compañías, sino que también la inacción de los departamentos estatales encargados de fiscalizarlas.
La idea, según indicó, no es sólo determinar el daño al medio ambiente que producen las empresas, sino que también la inacción de los departamentos estatales encargados de fiscalizarlas y que, hasta ahora, no lo han hecho.“Se trata, por cierto, de la defensa del ecosistema, pero también de una cuestión que es vital para la vida, que es el agua. Hoy en nuestro país se consumen más de 6 mil litros de agua por persona al año y se estima que en 10 años más esa cifra se duplicará, por lo que se hace necesario ocuparnos de este tema ahora”, planteó.
En ese marco, Marcos Espinosa ejemplificó el escándalo con la situación del salar de Punta Negra, en la región de Antofagasta, donde un estudio de la Fundación para la Conservación de los Salares determinó que la empresa BHP Billiton dejó el salar seco y extinguió la población de flamencos que habitaba el sector.
“Si a esto le sumamos el impactante desorden con el que se trabajan los relaves mineros tenemos un panorama desolador. Para producir una tonelada de cobre se producen tres toneladas de relaves mineros y, actualmente, no hay ninguna norma que lo regule. La semana pasada nos enteramos del cierre de la minera Maricunga porque secó el humedal Villalobos en Atacama y eso pasó por las faena sin control de la empresa canadiense Kinross”, explicó.
La creación de la Comisión Investigadora fue apoyada con la firma de parlamentarios de todas las bancadas y pide citar a comparecer ante ella a la Ministra de Minería, el Director Nacional de la Dirección General de Aguas (DGA), el Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) y el Director Nacional de la Corporación Nacional Forestal, (CONAF), entre otros.