Reforma al Código de Aguas: Pequeños pasos para un camino de largo aliento

Quienes hemos seguido de cerca el debate legislativo para reformar el Código de Aguas sabemos que definir el impacto de las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados el martes 22 de noviembre, más que ser un ejercicio técnico es uno de tipo político. No solo por sus contenidos sino por cómo avanzar hacia aquel horizonte compartido por muchos: terminar con la mercantilización a todo evento de un bien común esencial para la existencia humana y de los ecosistemas.

Ya la decisión de dar la pelea en sede legislativa es una opción política. Porque existen otras alternativas: tribunales internacionales, la movilización social territorial, los medios de comunicación. Para algunos, excluyentes varias de ellas. Para otros, entre quienes me incluyo para este caso en particular, complementarias.

Si la pregunta es ¿esta reforma terminará con la lógica propietarista del agua? La respuesta es claramente no. Si es, en cambio, ¿representa un avance en tal objetivo? Me anoto con un sí.

Un alcance.

Acabar con la lógica que siente el agua como una mercancía privadamente apropiable no se alcanzará mutando leyes. Ni siquiera tumbando el artículo 19 número 24 inciso final de la Constitución se alejará el fantasma de la transacción económica de los bienes comunes, que algunos anhelan mientras otros viven los efectos de su carencia. Podemos modificar la legislación pero si no cambiamos el sentido común detrás de tales normativas, siempre podrán venir otros que retrocedan el camino avanzado.

Bajo tal premisa, todo será siempre insuficiente, infructuoso. Lo sabemos en Aysén. HidroAysén y Río Cuervo no mueren cuando se desechan los proyectos. Tampoco si se lograra recuperar legalmente el agua para las comunidades. Mientras los ríos mantengan sus caudales, la amenaza siempre estará ahí. Es más, mientras existan glaciares, bosques, minerales y no se cambie el paradigma extractivista, la posibilidad de sobregirarnos con los ecosistemas será una permanente posibilidad. Es la historia de la humanidad.

La actual reforma al Código de Aguas, que debe ahora revisar el Senado, cambia la figura de derecho de aprovechamiento (de tipo propietarista) por la de concesión a un máximo de 30 años. Pero solo de lo aún no entregado. Y que se calcula entre un 10 y 15 % de las aguas superficiales y un 50 % de las subterráneas, del caudal físico disponible. El resto, se mantendrán bajo el régimen vigente.

Con estos antecedentes es dable argumentar que la reforma un logro cosmético que no va al fondo del problema. Pero en clave de avance, que este cambio es relevante al incidir en la lógica detrás de la gestión chilena del agua.

Más aún, lo cierto es que sí hay aspectos que tocan los derechos ya constituidos.

El caudal ecológico, por ejemplo. Este se podrá aplicar a zonas de ecosistemas amenazados, degradados o sitios prioritarios, además de áreas silvestres protegidas. Lo mismo la figura de reservas de agua que privilegia el consumo humano y el saneamiento.

Y la caducidad por no uso, como una forma de atacar el acaparamiento y la especulación vigente, que se aplicará para cuatro años desde su otorgamiento en el caso de los derechos consuntivos, ocho de los no consuntivos.

O el precepto que establece que “el Estado velará por la integridad entre tierra y agua, y protegerá las aguas existentes para beneficio de las comunidades indígenas, de acuerdo a las leyes y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.

Y varios otros artículos que sería un agrado ver en los medios sus análisis en profundidad.

Que falta mucho más, por cierto que sí.

Ojalá existieran los votos en el Senado ya no para mantener lo acordado, sino para profundizarlo. Ojalá existieran los votos en el Congreso para cambiar el artículo 19 numeral 24 de la Constitución. Ojalá existieran los votos para la asamblea constituyente.

Ojalá pudiéramos cambiar ya el sentido común, que es la tarea principal.

Mientras aquello se construye (y todas las acciones aportan en tal dirección), hay rutas que también es necesario recorrer. Plantear lo contrario inhibe a quienes pueden apoyar una reforma que, aunque al debe, forma parte del objetivo de avanzar.

Por Patricio Segura

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