Rechazo transversal (RN, DC, PS, PPD e independiente ex Evópoli) concitó propuesta que, en el marco de la reforma al Código de Aguas, cambiaba el sistema mediante el cual los particulares acceden a los recursos hídricos mediante pozos subterráneos.
No convencieron este lunes los argumentos del director general de Aguas (DGA), Oscar Cristi, para profundizar la figura del remate a las solicitudes de perforación y adjudicación de derechos de aguas subterráneas. Mediante una serie de indicaciones a la reforma al Código de Aguas que se tramita en la Comisión de Agricultura del Senado, el Ejecutivo planteaba modificar el modelo vigente que contiene esta figura en forma extraordinaria.
Los senadores Álvaro Elizalde (PS, quien preside la comisión), Carmen Gloria Aravena (independiente ex Evópoli.), Juan Castro (RN), Adriana Muñoz (PPD) y Yasna Provoste rechazaron unánimemente las 4 indicaciones que modificaban los artículos 58 y 60 del Código de Aguas.
Se inflingió así una nueva derrota al gobierno en una de las áreas que tanto el oficialismo como la oposición consideran clave: la propiedad privada perpetua sobre los recursos hídricos.
En la ocasión Cristi explicó que hoy la legislación establece que el particular alumbra agua desde un pozo sin estar obligado a solicitar autorización al Estado, para posteriormente pedir derecho de aprovechamiento. Luego de esto la DGA espera 6 meses para posibles oposiciones de terceros. En caso de haber disponibilidad y nadie que se oponga, se entregan los derechos y se puede construir un pozo definitivo. Si existe más de una solicitud y no hay disponibilidad para todas, se remata entre todos lo que presentaron un requerimiento. Todo este proceso puede dura más de dos años.
La nueva propuesta parte con el ingreso de una solicitud de exploración, que es revisada por la DGA en términos de forma. Al superar la etapa previa, el organismo evalúa la disponibilidad y se deniega si no la hay. Si existe caudal suficiente para cumplir con lo solicitado, se realiza un remate automático donde cualquiera puede participar sin necesidad de haber solicitado derechos y quien se lo adjudica puede construir un pozo definitivo. En los casos de sistema de Agua Potable Rural y agricultores adscrito a INDAP, se llega al remate si hay más de una solicitud y este es entre ellos.
El argumento central del gobierno lo explicó el director de la DGA: “No parece equitativo seguir entregando derechos en forma gratuita. Se propone un sistema en que hay que pagar al Estado cuando se adquiere un derecho y se hace partícipe a la sociedad del privilegio que adquiere el particular al obtener un derecho de agua”.
Transversal rechazo
Unánime fue el cuestionamiento a la nueva figura.
El senador Castro apuntó, fundamentalmente, a la discriminación que implica acceder al recurso. “Vamos a hablar de remate en toda la Quinta Región. ¿Quién va a ser capaz de ir y rematar estos derechos? Solamente las personas que tienen más recursos, ellos son los que tienen la única opción de rematar. Y de rematar la poco agua que tienen” ejemplificó.
“Lo que hoy se busca es que se remate el derecho a perforar. Porque si la gente va a alumbrar y ustedes dicen no, o alumbre todavía vaya al remate, en el fondo lo que están creando es un nuevo mercado. Un nuevo mercado del agua, ahora del remate” indicó Provoste. Para la legisladora “eso es un problema mientras no se entienda que el agua tiene que salir de este régimen de mercado. Lo que se hace con esta idea es profundizar y abrir un nuevo mercado”. Asimismo, puso en cuestión cómo entran los usos de conservación y la cosmovisión de los pueblos indígenas en esta lógica mercantil.
La senadora Aravena, aunque cuestionó el remate, lo hizo sin poner en duda el agua como un recurso de mercado: “En vez de hacer todos estos análisis de remates, que siempre hay un riesgo de que finalmente el agua quede en pocas manos que tengan la capacidad económica de contratar gente experta y tengamos un segmento de la población que se vea desmejorado con esto, por qué no pensar al revés. Que el agua tenga un costo” propuso.
Para Elizalde, continuar con la transacción privada de los recursos hídricos “En Chile tenemos un mercado del agua. Yo difiero conceptualmente con lo que se hizo el año 81, donde se separó el agua de la tierra y se creó un mercado que ha tenido una dinámica propia. Con todas las distorsiones que eso implica y con todas las consecuencia que hoy está generando ante la escasez” fue su argumentación.
Por último, Muñoz apuntó a diversas dudas asociadas a la nueva figura, como por ejemplo por qué se abre el remate a cualquiera y no como es hoy; quienes solicitan derechos, quienes se oponen y el Estado. También en qué momento temporal se realiza el remate, agregando el “tema de las reservas. Hoy el Estado antes de poner recursos en remate hace reservas para consumo humano, para caudal ecológico y la tremenda sequía que tenemos, podría ser para restaurar las cuencas, restaurar acuíferos. Entonces a mí me queda poco claro”.
Luego de las intervenciones, los cinco senadores rechazaron la nueva figura. Sobre la posibilidad de que el Ejecutivo presente una nueva indicación que adecue la propuesta a las inquietudes, Adriana Muñoz se mostró contraria ya que aquello no está dentro de los temas que se acordaron tratar en la comisión en el marco de la tramitación de la reforma al Código de Aguas. En tanto Yasna Provoste acusó que esto pareciera ser un nuevo intento de dilación de la tramitación y sólo si hay una propuesta “de verdad, estamos dispuesto a revisarlo”.
Al concluir, el presidente Álvaro Elizalde logró el acuerdo para invitar a los ministros de Obras Públicas Alfredo Moreno y Agricultura Antonio Walker para abordar la situación de escasez hídrica en el país.
Pendiente quedó la discusión y votación sobre el panel de expertos, que genera rechazo en algunos senadores de oposición, por entender que externaliza la atribución de análisis y propuesta sobre la sustentabilidad de los acuíferos, rol que debiera continuar en manos de un ente público y con dedicación exclusiva. En esto, conminaron al gobierno a un marco presupuestario para ello, ya que de lo contrario la nueva figura no daría garantías de imparcialidad y constituiría un retoque poco efectivo a los problemas que enfrenta la DGA para cumplir su rol de prospectiva, por deficiencias de diseño institucional y falta de recursos.