De Ralco a Hidroaysén

hidroaysen rio bakerLa muerte de Nicolasa Quintremán en el lago artificial que se construyó es la imagen más clara de los resultados para el pueblo pehuenche de la construcción de Ralco.  Nicolasa siempre dijo que hacer Ralco era matar al río, y con ello a su gente”. (Martín Correa, historiador)

El pasado martes el Comité de Ministros, en decisión unánime, decidió acoger las reclamaciones ciudadanas interpuestas contra la resolución de calificación ambiental que aprobó, en mayo de 2011, el mega proyecto hidroeléctrico Hidroaysén, dejándola sin efecto y paralizando con ello su realización.

Sin lugar a dudas un pronunciamiento histórico, gatillado por un proceso de movilización nacional que incluyó una fuerte campaña en medios de comunicación, buscando preservar el patrimonio ambiental y natural de la Patagonia frente a un proyecto que por su magnitud y nocivos impactos, puso nuevamente en debate y en cuestión el modelo energético al servicio de las empresas promovido desde el estado, así como la posibilidad real de incidencia y de participación ciudadana efectiva -con voz y veto mediante mecanismos de consulta- en las decisiones que involucran a los distintos territorios. 

Este no es un debate nuevo, pero se da en un escenario distinto.  Con una ciudadanía que exige y que es cada vez más consciente de su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; de su derecho humano al agua, así como del lucro y usurpación que admite y faculta el Código de Aguas; de que hablamos de un bien de uso público, que el estado administra pero que nos pertenece a todas y todos, y que por tanto tenemos derecho a mayor participación a la hora de determinar su asignación y usos, en particular de aquellas personas que se verán afectadas.  Con una legislación e institucionalidad ambiental renovada, con tribunales especializados en la materia que hay que poner a prueba y con vigencia del Convenio 169 de la OIT en el caso de derechos de pueblos indígenas, quienes deben ser consultados frente a proyectos que les afecten directamente y cuyas prioridades en materia de desarrollo deben ser consideradas, como estable dicho tratado internacional.

Por ende un Chile muy diferente al que se vivía en el caso de la central hidroeléctrica Ralco en Alto Bío Bío, que concitó una férrea oposición de las familias mapuche pehuenche que ancestralmente habitan ese territorio, de la comunidad local y de la ciudadanía en general.  No obstante, por carecerse de los contextos actuales antes descritos, por emplazarse en una zona en extremo aislada y por tratarse de personas indígenas principalmente las afectadas, se impuso sin miramientos ni mayor consideración, transformando a dicho territorio en los que hoy se ha acuñado como “zonas de sacrificio”.

Este mega proyecto -construido por ENDESA España- fue inaugurado el 2004, inundando cerca de 3.500 hectáreas (la mayoría de propiedad legal pehuenche), relocalizando a 675 personas (500 de las cuales eran pehuenche) e inundando un cementerio indígena de particular significación cultural, sin procesos de consulta ni consentimiento.  Ello fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos que constató la violación de derechos contemplados en la Convención Americana Humanos, frente a un proceso de expropiación inapelable, llegándose a un acuerdo de solución amistosa el 2004.  Sin embargo las medidas adoptadas para la mitigación de los impactos, así como aquellas destinadas a fortalecer los derechos colectivos de pueblos indígenas y de la comunidad local, ni las compensaciones individuales para las cinco denunciantes pehuenche, fueron cumplidas por el Estado.

Al 2009, la comuna de Alto Bío Bío -con un 49% de su población de cinco mil habitantes en condiciones de pobreza- figuraba entre las comunas más pobre del país[1], situación que contrasta con las elevadas utilidades de la empresa propietaria de la central EBDESA ENEL.  Evidenciando la falacia de los argumentos que enarbolan aquellos que buscan imponer estos proyectos, sobre mayor empleo y mejores condiciones de infraestructura y vida para el territorio. 

Otra de las ilusiones de este modelo nefasto impuesto a la fuerza y contra las comunidades.  Que además de represar nuestros ríos y asesinar la naturaleza, se lleva consigo vidas humanas.  Como ocurrió trágicamente este año a Nicolasa Quintremán, una de las ñañas que demandó al estado por la inundación de sus tierras, quien se ahogó precisamente en el embalse artificial de la central.

A las hermanas Quintremán y a todas y todos aquellos que lucharon en esa primera gran batalla, quisiera dedicar este triunfo contra Hidroaysén.  Por abrirnos el camino y los ojos, por entregarnos el newen y el convencimiento de que no obstante la envergadura del adversario, siempre hay que mantener viva la esperanza de que se pueden hacer los cambios e imponernos a la insensatez.

Por Paulina Acevedo

Periodista, comunicadora en derechos humanos

Observatorio Ciudadano

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