Reforma al Código de Aguas

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Reforma al Código de Aguas

Sara Larraín RLa respuesta del Gobierno a la crisis hídrica y las demandas ciudadanas es insuficiente para responder a la escasez del recurso.

Chile enfrenta un nuevo año de sequía en el contexto de la mayor desertificación del norte y centro de Chile. En este periodo de estrés hídrico, se han evidenciado las falencias del Código de Aguas para gestionar el agua y posibilitar su redistribución para el consumo humano, la producción de alimentos, la agricultura de subsistencia y los caudales ecológicos. En este contexto, las organizaciones ciudadanas, comités de agua potable rural y organizaciones de usuarios han demandado una urgente reforma al Código de Aguas que permita al país una nueva gestión de este “bien nacional de uso público”.

En este contexto, la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados presentó y votó en 2013, un proyecto de Ley que establece prioridades de uso de las aguas para consumo humano, saneamiento y conservación de los ecosistemas; que permite a la autoridad limitar el uso de aguas superficiales y subterráneas en cuencas degradadas y denegar concesiones de aprovechamiento cuando no hay disponibilidad o se pone en riesgo la subsistencia humana y los caudales ecológicos. La moción parlamentaria también cambio el estatus del derecho de propiedad sobre las aguas, por concesiones de aprovechamiento temporal; y dio a la Dirección General de Aguas (DGA) la atribución para caducar aquellos derechos acaparados durante plazos excesivos y no utilizados.

El pasado 8 de octubre, el gobierno ingreso al Parlamento una reforma que acoge las anteriores propuestas de los diputados, pero excluye asuntos importantes, como la obligación a las empresas mineras a informar sobre las aguas halladas en su área de concesión y de solicitarlas en caso de usarlas. Tampoco estableció fundamentos ecosistémicos para caudales ecológicos y restringió el otorgamiento de concesiones de aguas solo en parques nacionales y reservas de regiones vírgenes. En síntesis, la respuesta del gobierno a la crisis hídrica y las demandas ciudadanas es insuficiente para responder a la escasez del recurso.

Fuente: Estrategia