En enero de 2017, Chile concentró el 48% de los focos de incendios activos en América del Sur. Las altas temperaturas, la presencia de grandes extensiones de especies forestales combustibles y la escasez de agua son los factores de riesgo que consumaron la pérdida de miles de viviendas y más de medio millón de hectáreas consumidas por el fuego.
Enormes incendios arrasaron 600 mil hectáreas entre las regiones de Valparaíso y la Araucanía entre diciembre y enero pasados. No son los peores en la historia de Chile en términos de extensión territorial y pérdida de patrimonio ambiental, pues el Estado chileno uso el fuego como parte de las estrategias de colonización a inicios del siglo 20 en la región de Aysén, arrasando sobre tres millones de hectáreas. Lo cual repitió para la colonización alemana en los territorios que hoy constituyen las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
Los incendios recientes, han evidenciado la misma ceguera en las estrategias de desarrollo nacional. Un enfoque sesgado a la expansión extractivista sobre el patrimonio ambiental, sin información, sin planificación, ni ordenamiento territorial, decidido y desarrollado por pocos actores, a quienes el Estado continúa apoyando con recursos públicos. En el caso de las regiones del Maule y Bio Bío, la expansión del monocultivo forestal ha sido subsidiado desde 1974 mediante el Decreto Ley 701. Está documentado que este subsidio fue de US$ 850 millones entre 1974 y 2013, y la mayor parte (US$ 600 millones) fue entregado a dos grandes empresas, Forestal Arauco y Mininco (CMPC), las que poseen más de 1,8 millones de hectáreas a través del país.
El llamado “desarrollo forestal» en Chile se generó sin ningún criterio de interés público, sin planificación territorial alguna, sin evaluaciones ambientales, ni sociales, y obviamente sin ningún análisis de riesgo. La invasión de plantaciones de monocultivos de pino y eucaliptus entre Maule y La Araucanía no sólo provocó la pérdida de bosque nativo, sino que generó verdaderos guetos dependientes de la industria forestal, con asentamientos humanos paupérrimos, campamentos sin agua, ni alcantarillado como Santa Olga, y rodeados de monocultivos forestales combustibles. Verdaderas zonas de sacrificio. En términos sociales, la región del Maule, con 490 mil hectáreas de plantaciones forestales (de las cuales 200 mil se quemaron) es una de las con mayor pobreza multidimensional en Chile, con 22,4% de acuerdo a la Encuesta Casen 2015. En la Araucanía, con 600 mil hectáreas de plantaciones, la pobreza es de 29,2%, la mayor del país.
En términos ambientales, la expansión del monocultivo forestal sobre casi tres millones de hectáreas no sólo ha destruido el bosque nativo, sino que también ha generado un grave impacto sobre los recursos hídricos, afectando a las comunidades humanas y sus actividades productivas de subsistencia. Además de dejar expuestos a graves riesgos de incendio a los asentamientos humanos y la biodiversidad remanente en dichos territorios. Los pinos y eucaliptos que hoy dominan el paisaje de las zonas incendiadas, son especies pirogénicas, es decir propensas a los incendios, de acuerdo a la comunidad científica nacional e internacional. El riesgo de incendios por tanto, es consustancial al modelo forestal. También es consustancial la desertificación por el gran consumo de agua de estas especies. En particular en el caso del eucaliptos, ya en 1987 la FAO y la Agencia Internacional Sueca para el Desarrollo en su estudio “Efectos ecológicos de los eucaliptos” advirtieron que “la plantación de extensos bosques de eucalipto en cualquier cuenca deforestada, reducirá sustancialmente la producción de agua de esa cuenca, y la tala de estos bosques la aumentará” llamando a no plantar grandes extensiones, sin una cuidadosa evaluación de las consecuencias sociales y económicas. Pero en Chile, el Estado sistemáticamente ha desestimado estos impactos y las empresas forestales los han negado.
En enero de 2017, Chile concentró el 48% de los focos de incendios activos en América del Sur. Las altas temperaturas, la presencia de grandes extensiones de especies forestales combustibles y la escasez de agua son los factores de riesgo que consumaron la pérdida de miles de viviendas y más de medio millón de hectáreas consumidas por el fuego. El envío de un proyecto de ley para crear el Servicio Forestal público es un avance, pero es una respuesta totalmente insuficiente a las falencias del modelo de desarrollo forestal. El actual gobierno y los próximos deben revertir con celeridad los graves errores y vacíos que dejaron al descubierto los incendios forestales: la ausencia de ordenamiento territorial que condena a comunidades, regiones y ecosistemas a estar expuestos a la codicia del mercado (en este caso forestal); la carencia de un sistema de evaluación ambiental que se haga cargo de transparentar y evitar los impactos y riesgos de los monocultivos forestales sobre poblaciones, biodiversidad y recursos hídricos (y además en un contexto de mayores temperaturas y mayor sequía que trae el cambio climático); la ausencia de una política forestal que incorpore criterios de interés público en el desarrollo de esta industria, y asegurando la inclusión de los costos socioambientales, la prevención de los pasivos y controlando su pertinencia territorial.
Una de las catástrofes previsibles del modelo forestal chileno ya se ha evidenciado, generando tremendos dolores y pérdidas. Es hora que el gobierno y el parlamento se hagan cargo, para que estas tragedias no vuelva a repetirse. El calentamiento global continuará incrementándose y con ello los riesgos del modelo forestal para las poblaciones y los territorios. Ya no hay excusas para no realizar los cambios de fondo.
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