Informe anual UDP de Derechos Humanos: Estado chileno saca nota roja frente al terremoto del agua que viven los habitantes de la Provincia de Petorca

Un tema clave en el desastre que se vive en Petorca, declarada zona de escasez en 2012, es la gran cantidad de derechos de aprovechamiento de agua entregados, que superan con creces la disponibilidad real de las cuencas. “Ya en agosto de 1996 un estudio técnico efectuado por la DGA sostuvo que la recarga total de los acuíferos provenientes del aludido valle era de 570 litros por segundo (l/s), aproximadamente, mientras que el consumo efectivo de los derechos de aprovechamiento otorgados era de 648 l/s”.

Ducharse 10 minutos, cocinar con agua limpia o simplemente beber agua se ha convertido en un lujo para miles de personas que viven en la Provincia de Petorca y cuyo único acceso al agua potable es a través de camiones aljibes.

Peor aún: sumado a las severas medidas de restricción, los habitantes de la provincia ubicada en la Región de Valparaíso, además reciben agua que no se encuentra en las mejores condiciones. Según la Gobernación de la zona, el agua distribuida por este sistema –y que sólo en la comuna de Petorca afecta a unas 10 mil personas– contiene nitratos que pueden afectar a lactantes y niños menores de un año, quienes quedan expuestos a desarrollar metahemoglobinemia, “que genera la disminución de la capacidad de transporte de la hemoglobina en los niños, con resultados fatales”. De hecho, más de 750 estudiantes de La Ligua –donde también la población se abastece a través de camiones aljibe– asisten a establecimientos educacionales donde no hay acceso a agua potable.

La situación de los pobladores, así como de gran parte de los pequeños agricultores, está ligada a la fuerte sequía que afecta a la zona. Pero es sólo una pequeña parte del problema. Según el Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales (UDP), que este año dedica por segunda vez un capítulo especial al derecho humano al agua, basándose en el caso de Petorca, la compleja situación está directamente relacionada con la “infracción de las obligaciones internacionales del Estado chileno para con sus habitantes”.

Situación que, según detalla el informe, se debe a la “carencia o insuficiencia de herramientas en eldiseño institucional y la falta de utilización de las existentes, sumadas a la incapacidad técnica y humana para fiscalizar, además de la ausencia de sanciones que generen disuasión”.

Fuente: El Mostrador

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