Los últimos días hemos visto una desatada campaña a favor de grandes proyectos eléctricos, con un lobby que, a nuestro entender, sobrepasa los límites de la ética y del respeto a un estado de derecho.
El presidente de la Sofofa ha acusado a las organizaciones que defendemos el interés ciudadano y ambiental de construir una verdadera “industria de la obstrucción” en contra de este tipo de proyectos.
También vemos cómo diversos medios de prensa generan un clima de riesgo extremo a quedarnos sin electricidad, o que los costos subirían excesivamente.
Quienes defendemos los bienes públicos y el interés socioambiental tenemos claro que esta campaña no es más que un intento desesperado para que el gobierno apruebe en el Comité de Ministros a HidroAysén y para mantener un modelo eléctrico equivocado que nos ha llevado a la situación actual.
También el lobby se orienta a influir en los programas de gobierno de quienes tienen mayor posibilidad de ser electos, donde la transparencia para el tema eléctrico deja mucho que desear.
Todo esto es una respuesta al imparable proceso social del país que reclama una nueva política eléctrica que se abra a la competencia, respete a las comunidades y al medioambiente, con una visión de futuro donde se concilien los objetivos de los actores que comparten el territorio.
Patricio Rodrigo S.
Secretario ejecutivo Consejo de Defensa de la Patagonia
Fuente: La Tercera