Esto luego que el diputado Giovanni Calderón reconociera a Greenpeace haber cenado con Daniela Rojas, Gerente de Asuntos Públicos e Institucionales de Barrick Gold. Esto se suma a los recientes documentos que revelarían que la empresa canadiense no paralizó totalmente sus operaciones como se lo había ordenado la Corte de Apelaciones de Copiapó.
por EL MOSTRADOR
Greenpeace pidió inhabilitar a Giovanni Calderón, presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, por considerar que tiene un evidente conflicto de interés con Barrick Gold, la cuprífera a cargo del proyecto de Pascua Lama.
Según la ONG, Calderón le reconoció a Milko Yunusic, del departamento de Campañas de Greenpeace en Chile que había cenado con la abogada Daniela Rojas, Gerente de Asuntos Públicos e Institucionales de Barrick.
Greenpeace señala que el diputado Calderón es representante de la zona en donde se encuentra el proyecto cuprífero y es el principal opositor a que se le retiren los permisos ambientales a Pascua Lama.
“A nuestro Juicio el Diputado Calderón debería inhabilitarse en la votación de la comisión investigadora de Pascua Lama, ya que tiene vínculos directos con la alta gerencia del proyecto y no sabemos qué nivel de influencia tiene Barrick Gold sobre sus decisiones en la cámara”, asegura Samuel Leiva, Director de Campañas de Greenpeace en Chile.
Esto se sumaría a los documentos que revelarían que Barrick Gold no paralizó totalmente sus operaciones como se lo había ordenado la Corte de Apelaciones de Copiapó, asunto que se iba a analizar en la comisión de la Cámara el pasado 15 de enero, pero que finalmente por falta de quórum no se realizó.
En ese momento, el diputado PPD e integrante de la comisión, Enrique Accorsi, señaló que “no había visto un proyecto más transgresor y avasallador como Pascua Lama”.
En la misma línea, Samuel Leiva agrega que lo más grave es que estos antecedentes confirman las investigaciones que se han llevado adelante en contra del proyecto. “Es una falta gravísima que viene a confirmar un historial de abusos que ya se han denunciado por más de una década por las comunidades afectadas”.
Con estos nuevos antecedentes la ONG espera que las autoridades revoquen los permisos.