Ministro de Agricultura: Hay que intervenir el marco jurídico del agua

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El secretario de Estado, Carlos Furche, advierte de una escasez creciente de recursos hídricos y resalta la falta de mecanismos para resolver disputas entre los usuarios.

Los desafíos del sector agrícola no son novedad para el nuevo ministro de Agricultura, Carlos Furche. Ingeniero agrónomo de la Universidad Austral, llegó a la cartera con dos grandes objetivos: impulsar el desarrollo sectorial, trabajando de la mano con el sector privado para agregar valor a la producción chilena, y reducir la desigualdad visible en la agricultura. Pero también asumió con clara conciencia de que mientras se avanza hacia esos objetivos de mediano y largo plazo, hay tareas urgentes que resolver: la primera, la disponibilidad cada vez menor de agua y las disputas que despierta esa escasez, y la segunda, la recuperación del patrimonio fito y zoosanitario que ha servido de trampolín para la inserción de Chile en los mercados internacionales.

¿Qué sello quiere darle a su gestión?

Nuestro primer objetivo es afrontar la desigualdad. Eso implica priorizar los recursos para apoyar a la pequeña y mediana agricultura familiar campesina. Y hay que complementarlo enfrentando otras expresiones de desigualdad, como la situación de los trabajadores agrícolas: hay que retomar y perfeccionar iniciativas que han estado discutiéndose en el Parlamento (…) dando una mirada integral que incluya las jornadas de trabajo, la previsión, etcétera, porque claramente hay diferencias con trabajadores de otras áreas.

El segundo gran objetivo es agregar valor a la producción de bienes y servicios del sector agrícola. Tenemos una gran oportunidad, pero hay que mejorar la manera de hacer las cosas. Hay que agregar valor: incorporar innovación y desarrollo tecnológico, mejorar los estándares de calidad, inocuidad, sanidad, mejorar y certificar prácticas ambientales, laborales, ser más eficientes en el uso de nuestros recursos hídricos.

¿Qué papel tendrá el sector privado?

Es obvio que nada de esto puede hacerse sólo desde el sector público. El trabajo fundamental que le encargué a Odepa es conversar con las cadenas agroalimentarias más importantes y concordar con ellos agendas inmediatas y de mediano plazo que permitan identificar primero cuál es el punto donde esperamos estar en un período razonable, digamos, 10 años, y qué necesitamos para llegar ahí, en términos de política pública, de inversión pública y privada, de compromiso del sector privado con el mejoramiento de estándares. Ya tuvimos reuniones muy alentadoras con la cadena de productores del maíz y en las próximas semanas nos reuniremos con los de leche, de carne, de fruta, y así sucesivamente. Ese es el método con que queremos abordar esta nueva etapa.

Esa es la mirada de mediano plazo, ¿y en lo inmediato?

Hay dos temas esenciales. Uno es el tema de la escasez creciente de recursos hídricos. Tenemos que asumir que en el mediano plazo tendremos una agricultura y en general un país con menor disponibilidad de recursos hídricos. Hay que concordar un plan de inversión de mediano plazo para completar nuestra red de tranques de mediana y mayor envergadura de acumulación de agua y ampliar la inversión en obras menores y luego construir de manera moderna y compatible con el uso eficiente de los recursos, canales de regadío, y avanzar decididamente hacia el riego tecnificado.

Necesitamos, además, arbitrar de mejor manera las diferencias legítimas entre los grandes usuarios, energía, agricultura, minería y consumo humano. Eso significa, primero, intervenir sobre el marco jurídico y segundo, un plan de inversiones que satisfaga esa demanda.

¿Habla de derechos de agua que sobrepasan los caudales?

Ese es uno de los problemas, no el único.

¿Qué cambios planean al marco jurídico?

No quiero adelantarme, lo planteo como un tema que hay que revisar. Un conflicto reciente, en Talca, se resolvió con la mediación del Presidente de la República. Si hay que recurrir a una intervención presidencial, es que hay algo que no está funcionando. Hay lugares donde no hay agua para tomar. Y en la tercera y cuarta región la disputa entre mineras y agricultores por el agua es intensa.

¿Cuál es el otro tema urgente?

La recuperación del patrimonio fito y zoosanitario. Hemos tenido un claro deterioro en los últimos años. Hay plagas que afectan nuestra productividad y competitividad, que amenazan nuestra presencia en los mercados internacionales y hay que hacerse cargo urgentemente. Es imposible impedir que entre una plaga, pero es posible reducir el riesgo y ser eficientes en el control y erradicación, y aquí hemos fallado en los dos aspectos.

¿Eso implica fortalecer el SAG?

Fortalecer el SAG, pero implica también un trabajo más estrecho con el sector privado. Además de los planes inmediatos, estamos colaborando con el BID en un equipo de trabajo que en un plazo de 90 a 100 días debería entregarnos una propuesta de ajuste de procesos que nos ayude a mejorar eficiencia y eficacia en el SAG.

Fuente: La Tercera | por Marcela Corvalán | Enlace a la fuente de esta Noticia

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