La iniciativa presentada por el diputado Luis Lemus junto a un grupo de parlamentarios socialistas, establece además el estado de catástrofe ambiental por escasez hídrica.
A la vez, se promueve la utilización racional de este recurso natural, y se asume la necesidad de limitar los derechos de aprovechamiento con meros fines especulativos, como se desprende de la regulación propuesta.
Para ello, se establece un mandato expreso a establecer causales de extinción precisas y directas en el propio texto constitucional, a fin de evitar discusiones al amparo indirecto por el derecho de propiedad sobre la concesión, haciéndolas en la práctica inextinguibles.
Además se establece un régimen especial de limitaciones a la propiedad, en el contexto de un estado de excepción constitucional, referido a la catástrofe ambiental, declarada por el Presidente con acuerdo de la mayoría de los diputados en ejercicio, y que otorga facultades extraordinarias para enfrentar la crisis. Finalmente, se establece imperativamente que exista en el otorgamiento de derechos de agua, una contraprestación adecuada al interés público.