Durante la primera semana de septiembre comenzó a sesionar la Comisión Especial de Recursos Hídricos del Senado. Es una ocasión relevante para llevar a la Cámara Alta un debate que ya lleva años entre los diputados que conformábamos la denominada “Bancada del Agua”, que posteriormente se transformó en la comisión permanente de Recursos Hídricos, Desertificación y Sequía, cuyo propósito central fue hacer del agua un tema prioritario en la agenda legislativa.
Tarea urgente para esta comisión será abrir un debate acerca de la inexplicable disociación que existe en nuestro sistema regulatorio, que en sus códigos Civil y de Aguas reconoce al recurso hídrico como un Bien Nacional de Uso Público, principio que barre la Constitución al admitir el derecho de uso de particulares para los ríos y cursos subterráneos. Esta disociación ha hecho que, en la práctica, los privados sean dueños de aguas nacionales, usándolas (o no usándolas) a su antojo, lucrando con ella y sin capacidad de control por parte del Estado.
La Presidenta Michelle Bachelet ya dio un paso fundamental al anunciar, en su Mensaje ante el Congreso Pleno, un proyecto que modificará el Código de Aguas, orientado a dotar al Estado de más instrumentos para controlar el uso del agua. En efecto, en la actualidad, si existe disponibilidad del recurso, el Estado no puede negarse a la solicitud de derechos de agua que realizan los privados, salvo que la cuenca haya sido declarada agotada, que se afecten derechos de terceros, o se haya decretado reserva de caudales. Cabe recordar que el Estado entrega estos derechos a privados en forma gratuita y a perpetuidad.
Un nuevo Código de Aguas exige resolver esta disociación normativa que existe en nuestro país y avanzar en una Reforma Constitucional para establecer el agua como un bien nacional de uso público.
Adriana Muñoz
Senadora por la Región de Coquimbo.