El gobierno ingresó indicaciones al proyecto de Ley de Protección de Glaciares, que anulan su propósito al proponer como vía la Evaluación Ambiental (que ya se aplica) y al abrir la puerta a que las empresas pidan desafectar glaciares para borrarlos del Inventario Nacional. Esto es una burla y contradice el deber del Estado de cautelar los bienes públicos y garantizar el abastecimiento hídrico. Los glaciares son bienes estratégicos para la sociedad, como reservas de agua dulce en el contexto del calentamiento global. Los pronósticos del IPCC, ya en 2007, identificaron a Chile central como una ‘zona crítica’ donde la disponibilidad de agua y la hidroelectricidad se verán reducidas seriamente. Durante la última década ya hemos enfrentado escasez hídrica, y hoy estamos a nivel de grave emergencia desde Atacama hasta el Maule. ¿Entonces por qué el gobierno no protege los glaciares? Por el lobby minero, pues dichas explotaciones provocan impactos directos en los glaciares en Chile, los cuales han sido ampliamente descritos por la literatura científica. El más completo, estudia 26 faenas mineras, describiendo remoción completa o parcial de glaciares; depósito de lastre y desechos sobre glaciares; y construcción de caminos e infraestructura encima de ellos. Los estudios muestran, que 2/3 de las intervenciones, no han sido declaradas en las EIA presentadas por las empresas, lo cual evidencia la necesidad de mayor regulación y fiscalización. Estas prácticas, provocan pérdida de reservas de agua dulce, intensifican los riesgos de deslizamientos de tierra, aluviones y pérdida de servicios ecosistémicos en las cuencas con glaciales en sus cabeceras. La inexistencia de una ley para proteger los glaciares perpetúa su desprotección y aumenta nuestra vulnerabilidad hídrica frente al cambio climático. En el contexto de la COP25, el gobierno y las mineras, deben poner fin al doble estándar.
Por Sara Larraín
Publicada en La Tercera