Agroindustria agota derechos de agua de San Pedro de Melipilla

María Rojas, Asociación de Agua Potable Rural San Pedro El Yali; Sandra Silva, Unión Comunal Centros de Madres y Talleres; Teresa Armijo, SODEM; Harry Castro, Red de Organizaciones Sociales y Productivas de San Pedro.

La comuna de San Pedro se encuentra ubicada en la Provincia de Melipilla en la región Metropolitana de Santiago (RM) y constituye la única comuna 100% rural de la RM.

Posee características físicas y climáticas de secano costero, y su principal actividad productiva es la agricultura, donde destaca principalmente el cultivo de la frutilla, que constituye la principal fuente de ingresos y empleo para los pequeños agricultores de la zona; así como para cientos de temporeros y temporeras provenientes de distintas comunas vecinas de la RM y de otras regiones del país.

El día 27 de Diciembre de 2008, el Comité de Agua Potable Rural de la localidad de Santa Rosa, en la comuna de San Pedro de Melipilla, obtuvo de la Dirección General de Aguas de la RM, después de luchar durante años por su derecho al agua, la Resolución que les daba autorización para el aprovechamiento de agua con carácter provisorio sobre 1,4 litros por segundos; (aunque lo solicitado por la comunidad para abastecer de manera básica sus necesidades era de 10,4 litros por segundo). No obstante ello y después de dicha Resolución, la localidad de Santa Rosa aun no tiene agua de forma permanente para cubrir las necesidades básicas de su población, y sus pozos y norias están vacíos. En la actualidad se abastecen de un camión aljibe que dispone el municipio, y que cada 15 días o una vez al mes les deja agua en los estanques comunitarios y particulares.

Igual desamparo vive la localidad de Culenes, en otro sector de la comuna de San Pedro. En el mes de julio de 2008 la Municipalidad de San Pedro presentó al Gobierno Regional (GORE) el proyecto “Ampliación Servicio de Agua Potable San Pedro – El Yali” para la fase de ejecución. En reunión con el Gobierno Regional, casi un año después, el pasado mes de junio de 2009, se le informó a la comunidad que no habia aprobación de dicho proyecto y que recién en 2010 se podría revisar nuevamente la postulación.

Peor aun es la situación que vive el Comité de Agua Potable‘Rural de‘la localidad de El Prado, que posee 300 arranques que abastecen de agua a las viviendas del sector. Desde hace mas de un año (enero de 2009) no cuentan con agua en su pozo, y para subsanar esta emergencia los habitantes han debido recurrir al pozo que posee la posta rural de la localidad. Así como éstos, son muchos los testimonios que dan cuenta de la emergencia que vive esta zona de la provincia de Melipilla, y muchos los afectados.

La perdida sistemática del los recursos hídricos básicos en la comuna de San Pedro en los últimos años se ha convertido en un creciente conflicto generado por la falta de agua en los pozos de abastecimientos para bebida que poseen diversas localidades rurales de la comuna. Esta situación se viene agudizando durante los últimos 7 años, afectando a más de 1.500 familias. Esta disminución de agua para el consumo humano y para el desarrollo de actividad productiva ha desencadenado una crisis de empleabilidad y un sostenido deterioro en la calidad de vida de los habitantes de la comuna.

Existe consenso entre la población, y así se lo han hecho ver a las autoridades, de que estos problemas se han agudizado con la puesta en operación y explotación de pozos para abastecer a la agroindustria desarrollada por un conjunto de empresas del sector. Dichas empresas requieren grandes volúmenes de agua, y la obtienen de los mismos acuíferos que alimentan los pozos de las distintas comunidades afectadas.

Las empresas emplazadas en la comuna y particularmente en los sectores afectados por la falta de agua son: la empresa Ariztia, el fundo Longovilo S.A., la empresa Agrícola Súper Ltda. (Agrosuper), la empresa Agrícola La Trinidad Ltda., y la empresa Agrícola Santa Rosa Ltda. Estas empresas en conjunto, tienen constituidos derechos de aprovechamiento de aguas por 1600 litros por segundo aproximadamente, en un acuífero -El Yali Alto- que posee una capacidad de 2.031 litros por segundo, siendo su demanda actual de 2.281 litros por segundo.

El reclamo de la comunidad, organizada principalmente a través de los Comités de Agua Potable Rural, radica en que ellos poseen derechos de agua, los que hacen efectivos mediante la extracción de agua desde pozos y norias que se encuentran secos producto de la desmedida extracción de agua por parte de las grandes empresas agroindustriales, las cuales poseen los recursos y la tecnología que les permite acceder a los acuíferos mediante pozos de mayor profundidad que los de la comunidad, haciendo valer jurídicamente sus derechos de aprovechamiento, en desmedro de la recarga de los pozos de las comunidades que son de menor profundidad.

La ausencia del Estado, a la hora de buscar soluciones en este conflicto ha sido una constante, implementando sólo medidas paliativas como la disposición de camiones aljibes, que en ningún caso apuntan a la solución del conflicto, de fondo. Las organizaciones locales de la comunidad expresan que el conflicto, se ha generado y agudizado en los últimos años, por la falta de información en el otorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua y su fiscalización; situación que no fue fundada en estudios sobre la disposición real de agua existente en el acuífero. También acusan falta de previsión y predicción técnica sobre la emergencia a la cual se exponía a las comunidades, las cuales advirtieron previamente a la autoridad de que esto podía ocurrir.

Ante la actual emergencia, la autoridad no implementa soluciones y tampoco asume su responsabilidad frente a la emergencia: establecer acciones ante el gobierno central y asesorar a las comunidades con el fin de resolver los problemas existentes.

La situación de sobreexplotación del Acuífero El Yali Alto se ha agravado debido a las características ”físicas” de la cuenca, la cual según los expertos, posee barreras naturales que impiden la recarga por filtración de otros acuíferos, siendo su única alternativa de recarga hídrica las lluvias, que en esa zona son cada vez más escasas.

Los problemas manifiestos en este conflicto son:

1. Carencia de agua para bebida y necesidades básicas en varias comunidades. Siendo más grave la situación en Santa Rosa, Culenes, y el Prado, lo que ha producido deterioro en la calidad de vida de las personas, desesperanza y falta de expectativas locales.

2. Grave disminución de agua en los pozos y norias de la comuna, por lo que los pequeños agricultores se han visto obligados a tomar medidas extremas, tales como:

a) Dejar secar parte de sus plantaciones, por no tener agua para riego.

b) Vender a bajo precio la escasa producción ganadera (ovina y bovina) que mantenían en sus predios, que siempre había constituido su ahorro y disponibilidad de recursos bovinos.

c) Enajenar su tierra a un mínimo valor, pues ella sin agua para el riego agrícola y la bebida no les permitir subsistir ni producir cultivos rentables. La menor plusvalía de los terrenos ha afectado la economía campesina y desarrollado un cambio cultural en cuanto al carácter productivo de la zona, aumentando la parcelación de terrenos para la construcción de viviendas y parcelas de agrado.

Las 42 comunidades agrícolas de la comuna de San Pedro se caracterizan por una alta dispersión geográfica, lo que dificulta la socialización de los conflictos y la entrega de información por parte de las organizaciones comunitarias, en torno al conflicto que afecta a un sector importante de la comunidad, facilitando en algunos casos la distorsión informativa en materia hídrica.

El impacto más grave para los dirigentes locales es la vulneración de su identidad campesina, ya que al no poseer agua, en la practica les impide cultivar hortalizas para el autoconsumo, teniendo en algunos sectores que vivir como en la ciudad; comprando las hortalizas y manteniendo un mínimo de ganado, lo que afecta la economía familiar y los frustra en relación a su identidad campesina. Todo esto frente a un Código de Aguas que se aplica sin respaldo científico, criterios de equidad, ni prioridades de uso; sino sólo con criterios de mercado. Por tanto, una legislación que favorece indiscriminadamente el crecimiento invasivo de las grandes agroindustrias.

Las comunidades locales y sus dirigentes han manifestado la situación de abandono y vulnerabilidad crítica en que se encuentran; y se oponen a que esta grave situación se perpetúe. Han identificando como responsables de la falta de agua en la zona a las empresas agroindustriales, y también al Estado, a través de la Dirección General de Aguas (DGA). Para canalizar de forma organizada su descontento y hacer público su malestar, se han organizado conformando una Red de Organizaciones Sociales y Productivas de San Pedro, que funciona desde el año 2004, y esta integrada por la Unión Comunal de Junta de Vecinos de San Pedro, que agrupa a 22 juntas de vecinos; la Unión Comunal del Adulto Mayor; la Unión Comunal de Centros de Madres; la Unión Comunal de Centros Juveniles; la Liga Deportiva Comunal; los Comités de Agua Potable Rural; los productores locales de frutilla y la Organización Comprando Juntos.

Esta red de organizaciones en principio se constituyó con el objetivo de hacer frente a la grave contaminación ambiental generada por las empresas agroindustriales; malos olores y proliferación de vectores sanitarios (principalmente moscas, roedores y otros), así como el deterioro de los caminos interiores de las localidades4. Las organizaciones ha identificado el proceso de deterioro hídrico, y en general del medio ambiente local como consecuencia de la instalación de estas empresas, destacando el incremento en el déficit y escasez hídrica existente en toda la comuna.

La Unión Comunal ha expuesto su problema en la municipalidad de San Pedro y por carta hasta a la Presidencia de la República, desde donde les respondieron que es la Intendencia la encargada de ayudarlos. Sin embargo, en dicha institución del gobierno metropolitano les indicaron que Iván Torres, funcionario del gobierno regional, llevaría su caso, e incluso les facilitaron su correo electrónico y teléfono. Pero Torres nunca contestó. En realidad, los dirigentes descubrieron que el funcionario no trabaja allí desde hace varios meses, y nadie sabe quién se quedó con el caso.

Salvador Ballesteros, poblador de Santa Rosa manifiesta que el solía cultivar frutillas, que eran el sustento de la familia, pero la sequía que azotó la zona secó su producción y la de sus vecinos. “El drama aquí es tremendo. Ya estamos aburridos, desesperados, no hayamos qué hacer, dónde recurrir y esta cuestión va cada vez más grande, cada vez es más problemático el asunto del agua”, sostiene el agricultor. “Yo tengo un pedacito de terreno, una hectárea y media, pero no puedo hacer nada, antes vivía de mis huertos y ahora no pasa nada, estamos envueltos en tierra y sin agua”.

Por su parte Marta Pinto, dirigenta de la Junta de Vecinos de Los Culenes, asegura que si bien su sector no es el más afectado, como Santa Rosa y Rinconada de Longovilo, dependen del agua de la municipalidad y de la solidaridad de los vecinos que aún logran sacar de sus norias. “Aquí Super Pollo hizo pozos profundos y se secaron todas las norias, eso hace como doce años, desde ese tiempo empezaron los problemas. Antes de hacer los pozos vinieron, hicieron charlas, dijeron que no iban a afectar las napas subterráneas, pero las norias se empezaron a secar”.

Las empresas emplazadas en la comuna y particularmente en los sectores afectados por la falta de agua son: La empresa Ariztía que posee criaderos de aves; el fundo Longovilo S.A. dedicado a criar cerdos y cultivar frutales; la empresa Agrícola Súper Ltda. (Agrosuper) y Agrícola las Palmas de Santa Rosa Ltda., que poseen criaderos y plantas para la preparación de alimentos; y la empresa Agrícola La Trinidad Ltda. dedicada al cultivo de viñedos.

Otras instituciones presentes en el territorio y que por sus labores de asistencia técnica han estado vinculadas a la problemática local son el Programa Servicio País; Corporación SODEM y la Red Participativa.

Por parte del Estado, la Dirección General de Agua de la Región Metropolitana es la que ha debido acoger de forma reiterada los reclamos y denuncias de las comunidades en conflicto, cuyos reclamos, si bien han sido recepcionados formalmente, no han sido resueltos. Esta situación deja en evidencia las falencias de fondo que posee el país en materia de legislación y gestión del agua; así como la falta de fiscalización y acompañamiento técnico de la autoridad a los problemas de la ciudadanía y las comunidades locales.

El proyecto de Agua Potable Rural (APR) para Santa Rosa está ahora en la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), donde esperan que un consultor externo resuelva las observaciones sobre el diseño de ingeniería. “De aquí a marzo debería estar listo, pero depende mucho del consultor”, señala Reinaldo Fuentealba, jefe de Programas Sanitarios de la DOH, quien asegura que harán lo posible por darle la mayor velocidad al proceso, el que luego deberá sortear una serie de procesos para terminar con la instalación definitiva del servicio, hacia fines del año 2010 o durante el 2011. “El tema es que el consultor agilice”, sostiene. “Esperamos que no haya problemas, tratamos de ser positivos, mientras haya un chileno sin agua, hay que tratar de resolverlo rápido”.

En cuanto a la posición del Municipio, el Alcalde de San Pedro, Florentino Flores (DC), señala que la sequía los afecta prácticamente todos los veranos, por lo que la municipalidad debe repartir agua en camiones aljibe a los sectores más afectados. Hoy tienen dos camiones pero no dan abasto. “Esto ya no es sostenible, porque se necesitan más fondos. Esto ya no es un sector en emergencia, sino que la escasez ya pasa a ser habitual”. La municipalidad les entrega 2 mil litros de agua a la semana a los vecinos que no tienen. Esto es 285 litros diarios, menos del mínimo requerido por persona (300 litros, para aseo y alimentación), que deben repartirse hasta entre seis integrantes. El jefe comunal ha solicitado la instalación de agua potable, pero el proceso ha sido lento y engorroso. Se trata de un municipio pobre, que no tiene expertos permanentes, por lo que deben contratarlos para realizar los estudios que les solicita la Dirección General de Aguas (DGA). “Pero después, cuando llegamos con ellos, nos dicen ‘cumplieron, ahora necesitan esto otro“.

Relación con el marco jurídico vigente.

La falta de agua en la localidad de San Pedro de Melipilla, evidencia lo injusto y cruel que es entregar el acceso y asignación de este recurso natural a las reglas del Código de Aguas de 1981. Este Código ha entregado y entrega los derechos de agua a quien los solicite, sin tener previamente conocimiento acabado, ni planificación, para resolver en relación a la cantidad de litros por segundo que se solicitan con la realidad del acuífero, el sector y la comunidad.

La zona de San Pedro posee recursos hídricos subterráneos, pero la comunidad de San Pedro no tiene agua. Esta situación es generada porque los derechos de agua están en su mayoría en poder de la agroindustria existente en la zona, lo que deja a los pobladores con muy pocas posibilidades de acceder al recurso y solucionar sus problemas productivos y sanitarios.

Los pobladores además temen que la solicitud de‘área de restricción para la zona, que hicieron las empresas Longovilo S.A. (propiedad de Ricardo Ariztía), Agrícola Súper Ltda., Agrícola La Trinidad Ltda. y Agrícola Las Palmas de Santa Rosa Ltda. (todas del grupo Vial), no les permita acceder al vital elemento. Esto significaría que cuando se demuestra que en un acuífero existe grave riesgo de disminución del caudal, quienes tengan los derechos de aprovechamiento de aguas en el sector pueden solicitar que la DGA decrete “área de restricción”.

Esta restricción limitaría la aprobación de nuevos derechos en la zona, con el fin de asegurar que quienes ya tienen sus derechos no vean afectada su disponibilidad. De todas maneras no significa que la cuenca está cerrada, sino que los derechos que se entreguen son provisionales, y no se pueden inscribir en el Registro de Bienes Raíces hasta que se demuestre que la cuenca puede soportar su extracción definitivamente. En el caso de que sea extremo se puede decretar “área de prohibición”11.

La DGA señala que aunque las empresas tengan la mayor cantidad de derechos, que obtuvieron antes de la modificación de la ley (que ahora otorga los derechos según la real necesidad), el consumo doméstico de la zona está asegurado. De no estarlo, es posible recurrir a la expropiación de agua a las agroindustrias por parte de la Dirección de Obras Hidráulicas, lo que aun no es el caso, pues la cuenca aún puede otorgar derechos provisionales.

Finalmente, las organizaciones locales proponen, para salir de la apremiante y crítica situación en que se encuentran, la aplicación del Artículo 148 del Código de Aguas, el que resolvería, desde su perspectiva, el problema de forma menos burocrática.

– “Art 148: El Presidente de la República podrá, en el caso del inciso primero del articulo 142, con informe de la Dirección General de Aguas y por circunstancias excepcionales y de interés general, constituir directamente el derecho de aprovechamiento”.

Posición y acción del Estado.

El Estado de Chile está desde hace años en antecedentes de este conflicto, a través de la Dirección General de Aguas de la Región Metropolitana (DGA-RM). Institucionalmente dicho servicio del Estado ha participado de las diversas instancias que la comunidad ha organizado, como el Foro del Agua de Santa Rosa que se realizó el 7 de diciembre de 2007. Este foro se realizó con la idea de saber en qué estaban las solicitudes efectuadas por la comunidad a las autoridades regionales y ver en qué estado se encontraba la tramitación de los derechos de aprovechamiento de aguas. En esa oportunidad Erwin Garrido, representante de la DGA-RM, señaló que «lo vigente está en una situación de remate y actualmente se está solicitando un volumen seis veces mayor, contra un volumen disponible de 1 millón de metros cúbicos al año». El funcionario agregó que el proceso no ha avanzado más rápido, porque la empresa Electromet pidió un recurso de reconsideración el cual esta siendo un “tapón” por estar sobre las demás solicitudes que van a remate.

En esa oportunidad el abogado asesor Sergio Romero sugirió «instalar el tema desde la Asociación de Municipios Rurales (AMUR), entendiendo que hay que cambiar el Código de Aguas que permite abusos de derechos, y que sólo las grandes empresas tengan aprovechamiento en desmedro de los pequeños productores y en desmedro de vecinos que no tienen agua para tomar». Frente a esto, el Concejero Regional Raúl Rojas se comprometió a colaborar activamente en lo que vaya siendo necesario en este proceso. Por su parte, el alcalde de la Comuna de San Pedro fue enfático al declarar «me interesa solucionar el conflicto por la vía que sea», respaldando el trabajo de los dirigentes y se comprometió a continuar con este trabajo mancomunado que permita dar solución a esta vulneración de un derecho fundamental como es el acceso al agua.

En donde se han visto algunos avances es con respecto a los servicios sanitarios rurales de agua. El Senado ha respaldado el proyecto de ley que le entrega un marco legal a los servicios sanitarios rurales, esta iniciativa es una antigua aspiración de los Comités y Cooperativas de Agua Potable Rural. Dicho proyecto considera la creación de una Subdirección vinculada al tema y regulariza el sistema de operación. El Senado aprobó en forma unánime todas las disposiciones de la iniciativa que beneficiará a los millones de personas que compran y reciben agua administradas por cooperativas o comités de Agua Potable Rural (APR).

El Senador Sabbag destacó que la iniciativa busca el saneamiento rural, el tratamiento de aguas servidas y una solución sanitaria integral, estableciendo una institucionalidad definitiva para el sistema sanitario rural. Agregó que con ello no sólo se pretende agilizar la ampliación del sistema de APR sino que facilitar apoyo técnico y financiero a los distintos comités de Agua Potable Rural.

Con respecto a la institucionalidad que se le está dando a los servicios sanitarios rurales, el senador Horvath señalo que esto mejora la calidad de vida de las personas, pero que no se puede olvidar que se debe avanzar en el tema de los derechos de agua y en lo relativo a las defensas fluviales, pues no existe ninguna institucionalidad que vele porque no se produzcan daños a predios a raíz de las crecidas de ríos. A su vez el senador Mariano Ruiz-Esquide instó a sus pares a debatir sobre la Reforma Constitucional que presentó junto a otros parlamentarios para nacionalizar el agua.

Posición, acción y propuestas de la comunidad en torno al conflicto. Para enfrentar este gran problema social, los dirigentes de las comunidades de la provincia de Melipilla han organizado una gran red de apoyo, gestionando frente a las autoridades municipales, gubernamentales, parlamentarias y políticas, la entrega de cartas de reclamo; realizando foros; organizando colectas; demandando vinculación de instituciones publicas relacionada como la Dirección General de Aguas, la Dirección de Obras Hidráulicas, la Comisión Nacional de Riego, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y el Ministerio de Obras Publicas. Algunas de estas instancias públicas, a juicio de las organizaciones de la comunidad, no han tomado una posición favorable hacia la resolución de la problemática que se ha agudizado desde la década de los 80.

La comunidad organizada a través de la Red de Organizaciones Sociales y Productivas de San Pedro, que funciona desde el año 2004, y esta integrada por la Unión Comunal de Junta de Vecinos de San Pedro, que agrupa a 22 juntas de vecinos; la Unión Comunal del Adulto Mayor; la Unión Comunal de Centros de Madres; la Unión Comunal de Centros Juveniles; la Liga Deportiva Comunal, los Comités de Agua Rural; los productores locales de frutilla y la Organización Comprando Juntos, han desarrollado diversas acciones tendientes a llamar la atención de la sociedad y las autoridades en torno al conflicto que los aqueja. Lo que más preocupa a los dirigentes es detener la migración campo-ciudad, la pérdida de la identidad de la cultura campesina y el grave deterioro del medio ambiente, pues todo ello incide en el deterioro de la calidad de vida de las personas que habitan en la comuna de San Pedro y la Provincia de Melipilla.

La estrategia que maneja la Red de Organizaciones Sociales y Productivas de San Pedro es de avanzar hacia un plan de movilización ciudadana, teniendo como base la premisa de que en Chile es necesario democratizar la toma de decisiones respecto de la gestión del agua.

Las demandas de la Red sobre cambios en la política pública sobre las aguas, son las siguientes:

a. Que el Estado sea dueño del agua y asegure a todos los habitantes el vital elemento, para la bebida y la producción agrícola del pequeño campesino.

b. Que ningún argumento empresarial tenga mayor peso que una real garantía de los derechos humanos por parte del Estado, en este caso, el derecho de acceder al agua.

c. Que el Estado facilite y financie la construcción de tranques artificiales, para recoger aguas lluvias, que permitan nutrir las napas subterráneas y abastecer a las población.

d. Que se facilite al pequeño agricultor el acceso y la tenencia de derechos de agua. Que no se les pida las mismas exigencias que se solicita a la gran empresa, sino proporcional a la cantidad de tierra que posea.

e. Que se revise la ley de forestación (Decreto Ley 701) para impedir el monocultivo forestal; y que por el contrario, se empleen especies nativas, pues existe directa relación entre corta de bosque nativo y plantación de monocultivos forestales con la sobre explotación del recurso agua.

f. Que la regulación de una distribución equitativa del agua como vital elemento éste en las manos del Estado y no al arbitrio de las empresas y particulares a través del “mercado de aguas”.