Andes Copper Company y Codelco destruyen el Río Salado y la bahía de Chañaral

Manuel Cortez, presidente de Chadenatur, Chañaral.

El origen del desastre ambiental en la Bahía de Chañaral se remonta a 1938, cuando colmados los embalses de relaves terrestres que almacenaban los relaves de Potrerillos (entonces de la empresa estadounidense Andes Copper Mining Company), se procedió a vaciar ese material al mar, utilizando para ello el cauce del río Salado, que pasa por las localidades de Llanta, Diego de Almagro y El Salado antes de desembocar en la Bahía de Chañaral.

Agotado el yacimiento de cobre de Potrerillos en 1959, se comenzó a explotar El Salvador y la descarga de relaves continuó vertiéndose al mar. Con la nacionalización del cobre impulsada por el gobierno de Salvador Allende, el yacimiento pasó a ser propiedad de Codelco Chile, empresa estatal que continuó utilizando el mismo sistema de evacuación de relaves en la Bahía de Chañaral.

Ya a comienzos de los años ’70, un barro negro y viscoso cubría la arena de la bahía. Sin embargo, no fueron los reclamos de la comunidad los que motivaron a la División Salvador a trasladar -en 1975- el vaciado de sus desechos 9 kilómetros al Norte de Chañaral, en la Caleta Palitos, sino los perjuicios al puerto mecanizado de embarque de la Minera San Fe, ubicado al Sur de Chañaral. El Ministerio de Obras Públicas del régimen militar dispuso el desvío del río Salado para que desembocara más al Norte, contaminando otra zona de la costa. Sin embargo, la corriente de Humboldt y la dinámica costera provocaron que el área contaminada de 5 millas en el mar aumentara a 20 millas, extendiéndose a la zona del Parque Nacional Pan de Azúcar, uno de los lugares costeros de mayor valor ambiental de la Región de Atacama.

A consecuencia de vivir en un medio ambiente contaminado, los habitantes de Chañaral presentan una alta incidencia de tumores cancerígenos, y variadas enfermedades respiratorias, a la piel y los ojos. Esto, debido a que los relaves, según han consignado los análisis realizados, presentan concentraciones muy superiores a los estándares internacionales permisibles para cobre, hierro, arsénico, zinc, cianuro, plomo, aluminio, mercurio, molibdeno, entre otros metales pesados.

Por todo ello, el caso de la Bahía de Chañaral es citado en foros internacionales como uno de los más devastadores, pues millones de toneladas de relaves de cobre, arrojadas al litoral de la zona durante casi 52 años, embancaron y envenenaron la bahía. El mar se retiró dos kilómetros al interior de su ribera natural, haciendo desaparecer la antigua infraestructura portuaria de Chañaral. Lo que existe hoy es una desolada playa artificial, sin vida, que se extiende en línea recta a lo largo de seis kilómetros. Las arenas blancas, con extrañas vetas de color verdoso, son residuos minerales y químicos con características corrosivas, reactivas y tóxicas. La gran minería, desarrollada en el pasado por la firma norteamericana Andes Cooper Mining Company, y ejecutada hoy por la estatal Codelco, convirtió a la bahía en un tranque de relaves al aire libre y sin represamiento alguno.

De los cientos de casos sobre contaminación del mar que han sido evaluados internacionalmente en años recientes, pocos alcanzan la magnitud de vaciar los relaves mineros directamente en las aguas del océano Pacífico. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), esta es una de las zonas más contaminadas del planeta, y del océano Pacífico. La muerte de la bahía sumergió a la ciudad de Chañaral en una agonía sin fin, pues no sólo se menoscabaron las actividades portuarias, sino que se perjudicó la actividad pesquera y turística, y sus habitantes continúan expuestos a constantes nubes de polvo tóxico que el viento costero arrastra desde la playa de relave sobre la ciudad.

Según el Informe Final del Programa de Monitoreo del área, desarrollada por Geotécnica Consultores, contratada para evaluar el caso por la División Salvador, “el relave sedimentado es la fuente principal de metales disueltos en el agua, por lo que debe considerarse que su efecto contaminante no es sólo la destrucción total de la vida bentónica e intermareal, sino que además es una fuente permanente de contaminación hacia zonas más alejadas, a través de la liberación de iones de metales pesados que son arrastrados por las masas de aguas en movimiento”.

La contaminación minera de las aguas del río Salado proviene del derrame directo de relaves sobre el rio e indirectamente sobre la bahía de Chañaral utilizada como depósito de desechos mineros. La contaminación de los recursos hídricos y de la cuenca generó una colmatación de la bahía con relaves tóxicos y una playa artificial en la desembocadura del río Salado. Esta situación confronta a la gran minería extractiva con el turismo, la agricultura, y la pesca que sustentaba las economías ribereñas. Además, amenaza a la población, susceptible de ingerir metales pesados al injerir productos marinos o respirar material particulado con contenido metálico que se desplaza desde la playa artificial de relaves hacia la población de Chañaral.

Recientemente, el 9 de septiembre de 2006, la División Salvador vendió parte de sus derechos de aguas de uso no consuntivo a la minera privada “Centenario Cooper Chile Ltda.”, cuyo representante máximo, coincidentemente, era el ex Gerente de la División Salvador, Bruno Benh, manteniéndose en secreto el monto de la transacción. Este hecho es lamentable, pues en momentos donde aun no se cierra el debate sobre el futuro de la División Salvador, sus directivos venden derechos y activos de la minera estatal; en un contexto donde la comunidad de Chañaral apuesta a una diversificación productiva en base al desarrollo agrícola de la zona, para lo cual requiere los recursos hídricos.

El Informe mencionado más arriba, señaló que “la desaparición completa de vida entre Punta Achurra y Cerro Castillo se debe sin duda a una combinación de dos factores: el cobre y otros metales disueltos en el agua de mar y la drástica alteración de los sustratos por la intrusión de los sedimentos de relaves, lo que no permite que los metales puedan ser aislados”. En relación con el cobre, el informe establece que “en Caleta Palito, punto de desembocadura del relave, se llega a valores que superan hasta en 3.000 veces el límite de concentración normal del cobre en aguas de mar”.

Entre Punta Achurra y Cerro Castillo existen unos 15 kilómetros de extensión de zona litoral que, producto de la contaminación, carece por completo de signos de vida. A ello deben agregarse otros 5 kilómetros que representa la Bahía de Chañaral propiamente tal. Sin embargo, el impacto no está focalizado sólo en tal área. En el sector sur de la bahía misma de Chañaral o al norte del Cerro Castillo, hay registros de vida natural pero en notorio nivel de degradación.

En la zona sur de la bahía de Chañaral, en 1978, el Instituto de Investigaciones Submarinas de la Universidad del Norte, con sede en Coquimbo, encargó a la especialista Erika Fonk realizar una experiencia de cultivo de Gracilaria. En su informe final, la investigadora escribe que “la bahía de Chañaral es en la actualidad una zona totalmente improductiva, dado que su ecosistema fue destruido por los relaves de Potrerillos y El Salvador”. Agrega que “la totalidad de las especies sembradas en estas aguas, desde el nivel de superficie y hasta seis metros de profundidad, murieron velozmente”, mientras que “el incremento de la biomasa en una bahía normal como Coquimbo es de 12,90 gramos por día. El registrado en Chañaral es de 0,6 gramos por día; es decir, 21,5 veces menos”.

El Diagnóstico de la Contaminación Marina en Chile, realizada por el Instituto de Fomento Pesquero en 1986 y que fuera patrocinada por CORFO, luego de evaluar las 32 zonas marítimas más contaminadas en el país, calificó como la única de “contaminación muy grave”, a Chañaral y su área litoral norte, a causa del vaciado de relaves mineros.

Dentro de los impactos de los relaves es necesario destacar efectos físicos y químicos. En el primer caso, se observan en el área gigantescos embancamientos terrestres y submarinos que han alterado la geomorfología costera, formando “playas” donde antes no existían y elevando los fondos marinos varios metros. En 1962, el informe del Instituto Nacional de Hidráulica de Francia reveló que en Chañaral había surgido, en solo 24 años, una “playa” de casi seis kilómetros de largo con nueve metros de espesor3. Entre 1967 y 1969 mediciones del geógrafo Luis Corniquell comprobaron cómo la misma playa avanzó 130 metros aguas adentro, desplazando al mar. Corniquell encabezó una misión de evaluación dispuesta por el Ministerio de Obras Públicas, para dimensionar el impacto de los relaves sobre las capacidades portuarias de Chañaral. En su mismo estudio, el geógrafo demostró cómo el fondo marino en igual periodo se había elevado en dos metros, los que se sumaban a otros dos ya detectados un par de años antes por otra misión extranjera, entre 1965 y 19674.

Estos gigantescos depósitos de sólidos, además de haber sepultado la naturaleza viva, provocaron la inutilización de las infraestructuras portuarias de la época: Fiscal y el Muelle de Pasajeros, las que en corto tiempo quedaron embancanadas para pasar a ser luego insólitos muelles derrumbándose en seco y lejos del mar, en medio de grandes dunas de arenas.

Las instalaciones portuarias que no fueron totalmente destruidas, sufrieron el impacto de la disminución de su capacidad productiva a causa de la elevación de los fondos marinos. Por ejemplo, el Puerto Mecanizado, construido alrededor de 1960 por Cía. Minera Santa Fe, con una capacidad de recepción para barcos de hasta 80.000 toneladas, pese haber sido dragado hace más de 30 años, sólo es capaz de ofrecer capacidad para naves de 50% de su potencial original. La limitación de fondos y el acelerado deterioro de la obra quedaron en evidencia en el examen de varias investigaciones técnicas, entre ellas la Misión del Laboratorio Nacional de Hidráulica de Francia y las del ingeniero civil experto en Obras Portuarias, Hernán Rubio Méndez.

La denominada “Playa Grande de Chañaral” no existía en el año 1940, y en el lugar exacto en que hoy atraviesa la Carretera Panamericana, hace 50 años fondeaban los barcos a la espera de disponibilidad de puerto. Esta evidencia surge de la simple observación de las fotografías de la época, lo que hoy es playa, era mar profundo. Hoy el mar está a más de 1.000 metros de ese punto.

Los depósitos de relaves en un área tan próxima a la población de Chañaral han provocado impactos sobre la población debido al polvo generado en las arenas de la playa y transportadas por el viento hacia las poblaciones. Según estudios del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), en 1996, el PM 10 ha sobrepasado en un 43% del tiempo la norma establecida en el Decreto No. 185 del Ministerio de Minería, el cual estipula un límite de 150 ug/m3N. Por ello, el impacto en la calidad del aire generado por las depositaciones de las arenas de relave en la Bahía de Chañaral, generan un grave y permanente impacto sobre la salud de la población muy perjudicial, por lo que deben considerarse medidas de mitigación.

El uso indiscriminado de la Bahía de Chañaral como verdadero tranque de relaves aconteció en forma ininterrumpida desde 1938 hasta 1975, para continuar en forma simultánea desde

1975 hasta 1990 en otro punto de descarga distante a 9 kilómetros, más al norte de Chañaral, en Caleta Palito. Esto afectó la geomorfología del lugar y contaminó en forma visible hasta Cerro Castillo; alterando al mismo tiempo el fondo marino del Parque Nacional Pan de Azúcar. En esta Área Protegida, los efectos físicos y químicos de los relaves afectan a más de 70 kilómetros de costa al norte de Chañaral, lo cual es silenciado por CONAF.

El conflicto por la depositación de relaves mineros confronta a la División Salvador de Codelco y a la comunidad de Chañaral, encabezados por asociaciones vecinales y la Agrupación Ecológica “Chañaralinos Defensores de la Naturaleza” (CHADENATUR).

Codelco desarrolla operaciones en la zona desde la nacionalización del cobre; dando continuidad a las faenas de la norteamericana Andes Copper Mining Company, que inició sus faenas en 1959, con un yacimiento subterráneo a 120 kilómetros al este de Chañaral y a 2.600 metros sobre el nivel del mar, una fundición y una refinería electrolítica. Actualmente, Salvador de Codelco, explota minerales sulfurados y oxidados, cada uno con su propia planta de recuperación de cobre.

Liderados por CHADENATUR, diversas organizaciones de Chañaral, entre las que destacan la Junta de Vecinos No. 14 de Chañaral; la Agrupación Colectivo Ciudadano; y el Comité Ciudadano por la Defensa del Medio Ambiente, han asumido el estudio y la denuncia sobre la gravísima contaminación minera al río Salado y a las bahías de Chañaral y Palitos, logrando generar conciencia nacional sobre el tema para luego apoyar las acciones judiciales que obligaron a Codelco ha construir un tranque de relaves y terminar para siempre sus vertidos tóxicos al mar.

Relación con el marco jurídico vigente.

En general, la legislación relacionada con la disposición de los residuos mineros comienza en 1916 con la Ley N°3.133, del Ministerio de OO.PP., sobre neutralización de los residuos provenientes de establecimientos industriales, la cual ha sido recientemente derogada por la Ley N°19.821.

En 1931 se dictó el Código Sanitario y en 1948 la Ley de Protección a la Agricultura, donde el control de residuos mineros se centra en la prohibición de su vertimiento en cauces naturales. Posteriormente, en 1970 se promulga el Decreto Supremo N°86 del Ministerio de Minería, que norma la disposición de residuos de la minería a través de depósitos o tranques de relave. Su objetivo es velar porque cada depósito de relave construido en Chile tenga una calidad estructural adecuada para garantizar la seguridad de la población que se emplaza en zonas aledañas. Sin embargo, no contiene aspectos específicos relativos al manejo ambiental de estos residuos y no considera el concepto de seguridad ambiental.

Del total de mineral extraído en una mina metálica, sólo 2% corresponde al metal deseado. El resto es descartado como diferentes desechos: 50% estéril, 44% relaves y 4% escorias. Hoy, los relaves son habitualmente almacenados en tranques, ya que la mayoría no puede ser reprocesada ni reutilizada en el proceso productivo. En faenas mineras ubicadas en zonas cordilleranas, estas estructuras se construyen en quebradas de ríos, lugares donde normalmente se realizan obras de desvío de los cauces de agua, mediante la construcción de túneles by-pass. Luego, se cierra la cuenca a través de un muro contenedor que define de esta manera la cubeta sobre la cual se almacenarán los residuos.

El Decreto Nº86 establece las condiciones para la disposición y almacenamiento de los relaves sólidos en una estructura estable y disponer los relaves líquidos “en condiciones seguras respecto a eventuales rebalses u otras perturbaciones”. Sin embargo, históricamente, los relaves han sido dispuestos de la forma más conveniente para el dueño de la empresa minera, considerando la topografía pero siempre bajo el criterio de mínimo costo, como es el caso de las faenas –primero- de la empresa estadounidense Andes Copper Mining Company y –desde la década del ’70- de la División Salvador de Codelco. Esto, unido a la falta de conciencia y la carencia de legislación ambiental, trajo como consecuencia que los relaves fueran descargados generalmente a cursos de aguas, como ríos y arroyos. En la situación aquí expuesta, los relaves fueron vertidos brutalmente al río Salado.

También han sido almacenados en forma insegura, afectado la vida de la población. En 1965, tras la falla del Tranque El Cobre en la región de Valparaíso, murieron 200 personas. Este hecho marcó significativamente el cambio en el comportamiento minero, lo que finalmente se tradujo en la dictación en 1970 del Decreto Supremo N°86/70 del Ministerio de Minería, sobre construcción y operación de los depósitos de relaves.

El marco regulatorio actualmente vigente, establecido por la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente desde 1994, no definió instrumentos de gestión específicos para la actividad minera, sino que estableció a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental un procedimiento para exigir las regulaciones sectoriales de relevancia ambiental para las diversas actividades productivas. Sin embargo, en ese entonces, la minería ya contaba con cuerpos legales que regulaban algunos aspectos de su desempeño en lo referente al diseño y operación de los depósitos de relaves, los cuales involucran a un sinnúmero de servicios públicos a través de sus respectivos ministerios o instituciones.

En el caso de las aguas claras de los depósitos de relaves como desechos líquidos, su descarga al ambiente debe cumplir con la normativa vigente, establecida en el D.S. N° 90, sobre Emisión para la Regulación de Contaminantes asociados a la Descarga de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales. Esta norma regula el contenido máximo de los contaminantes de mayor ocurrencia en las aguas claras de relaves, como es el caso de los iones de sulfatos, molibdeno, cobre y manganeso, algunos de los cuales pueden impactar de manera significativa las aguas en general y aquellas para abastecimiento humano y riego en particular. Pero actualmente existen dudas sobre si el decreto Nº 90 basta o es necesaria una normativa específica para regular las emisiones de riles de los depósitos de relaves, debido, a su cantidad y su alto poder contaminante.

Según estudios realizados por el propio Servicio de Salud Atacama, mediante oficios ordinarios Nos. 35 y 4870 del 3 de enero del 2001 y 23 de noviembre de 2002 respectivamente, las muestras físicas y químicas del agua del Rio Salado, arrojaron la siguiente información:

 

La superación de la norma en todos los contaminantes y especialmente en cobre, sulfatos, cloruros y sodio muestra que aun existe grave contaminación en el río Salado, y por tanto altos niveles de contaminación continúan contaminando la cuenca y el mar en la zona de Chañaral.

Al momento de la edición de este trabajo, el Parlamento discute un proyecto de ley sobre cierre y abandono de faenas mineras, en un intento por dar solución al grave problema de los relaves en Chile tanto los en funcionamiento como los más de 800 yacimientos abandonados a lo largo del territorio. Esta ley de cierre de faenas se enmarca en del Acuerdo Marco de Producción Limpia suscrito entre el Consejo Minero (que agrupa a las 17 transnacionales presentes en el país) y los servicios públicos con competencia ambiental y responde a un grave atraso normativo.

En relación a la venta de derechos de aguas de uso no consuntivo, que realizó la División Salvador a la minera privada “Centenario Cooper Chile Ltda.” en 2006, se generó la contradicción que se expresa en la Ley 19.137 que establece nítidamente las normas destinadas a cautelar y preservar la integridad de Codelco y su futuro, ya que “el espíritu que subyace en la ley, es precisamente impedir que la empresa se privatice encubiertamente por la vía de desprenderse de activos imprescindibles“.

Posición y acción del Estado

La posición del Estado en el caso de Chañaral se ha caracterizado por la negación de la contaminación ambiental y la defensa corporativa de la empresa Codelco. El ejemplo más notorio en este sentido es la visita intempestiva a Chañaral del entonces Presidente Lagos durante su mandato, quien, para contrarrestar la presencia mediática de los ciudadanos que protestaban por el daño ambiental, convocó el 31 de diciembre de 2003 a la prensa nacional e internacional a la “playa de Chañaral”, para que registraran imágenes del baño presidencial en su bahía. En esta actividad, el presidente Lagos fue acompañado por la intendenta de ese entonces, Yasna Provoste; la gobernadora Clara Ossandon; el alcalde de Chañaral, Héctor Volta; y el Gerente General de División Salvador de Codelco, Julio Cifuentes. De esta forma las autoridades estatales se coludieron para ocultar la verdad a pesar de que los estudios científicos existentes y los posteriores al “baño mediático” fueron lapidarios: la contaminación no había parado, sino que persiste en forma crítica. Desde entonces, organizaciones ciudadanas y ecologistas han presionado para que las autoridades decreten oficialmente el cierre de la “playa”. La Capitanía de Puerto local ha prohibido el baño en el lugar, por razones de seguridad, puesto que además de fuertes corrientes, los relaves presentan un fondo movedizo, hoyos e inestable degradación, que han propiciado que algunas personas hayan perdido la vida en el lugar.

El actuar de la CONAMA de la Región de Atacama se ha dirigido también a negar la evidencia científica y a manipular comunicacionalmente a la ciudadanía de Chañaral por parte de CONAMA Atacama, que distorsionó los resultados del estudio realizado en 1996 por el Centro de Investigación Minera y Metalúrgica (CIMM), denominado “Identificación de Acciones Generadoras de Potenciales Impactos”. Al respecto, el director subrogante, René Ramírez, adujo que “no hay de qué preocuparse”, pero el estudio fue rescatado en la biblioteca nacional por los ecologistas de Chañaral que denunciaron los verdaderos impactos.

La manipulación de CONAMA Atacama contradijo lo resuelto por la Directora Ejecutiva de la CONAMA Nacional, Adriana Hoffmann, quien en una carta dirigida a los abogados Nieto y Torrealba el 12 de enero de 2001, a solicitud del Presidente Lagos, planteó que “el desastre ambiental ocasionado por la División Salvador de Codelco (…) es de conocimiento de las autoridades regionales y nacionales, al igual que los antecedentes sobre el riesgo a la salud de la población expuesta a las emisiones de material particulado provenientes de estos relaves”.

Hoffmann manifiesta que “los antecedentes disponibles sobre la situación de Chañaral permiten concluir que constituiría un ítem importante del pasivo ambiental en Chile y un conflicto ambiental que requiere pronta solución (…) y que aparte de los aspectos técnicos del problema, también es necesario el estudio de los actores implicados, los actuales responsables y aquellos que generaron el problema, determinar la posibilidad de imputar responsabilidades civiles y ambientales a algunos de ellos, etc.”

Pese a la evidencia indiscutible de lo ocurrido en Chañaral, la autoridad persiste en versiones ambiguas y en la aplicación de estrategias comunicacionales destinadas a desinformar a la ciudadanía para evitar un conflicto social. Parte de esta estrategia consistió en convertir a la bahía en un “Balneario de Uso Público”. Para tal efecto, los representantes locales del gobierno desplazaron a comunidades al lugar de la contaminación para realizar actividades de recreación, construyendo además, tres piscinas bajo administración municipal y sin que reuniera requisitos de salubridad. En ese entonces, los ecologistas presentaron un recurso de protección en contra de la Municipalidad y la Capitanía de Puerto. Ambas instituciones atribuyeron la responsabilidad a la Autoridad Sanitaria Regional (SEREMI de Salud, Dra. M. Pilar Merino). Esta respondió que “si bien es cierto estas piscinas no tienen la Resolución Sanitaria correspondiente, yo no puedo cerrarles la llave a los niños de esa localidad que se divierten”.

Una de las diligencias encargadas por los tribunales, durante la tramitación de un recurso de protección presentado por la comunidad de Chañaral en 1987, fue pedir un informe a CONAF sobre la situación del Parque Nacional Pan de Azúcar. El director de la época reconoce que existe contaminación en el hábitat y la flora y fauna del parque; y que incluso la contaminación se aprecia a simple vista en algunas caletas. Agrega el informe que no se ha hecho un estudio que permita descartar que la contaminación llegue a la isla e islotes de Pan de Azúcar, donde habitan colonias de chungungos (nutrias de mar) y pingüinos de Humboldt, los que constituyen los mayores atractivos para los visitantes del parque.

Posición y acciones de la comunidad en torno al conflicto.

El 2 de octubre de 1987, un grupo de habitantes de Chañaral presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Copiapó por los graves perjuicios ocasionados por Codelco, a la que se acusaba de «incumplimiento constitucional e inobservancias de normas industriales y sanitarias». Entre otras cosas, se describía que «debido a los constantes desbordes del río Salado, el lodo y las arenas contaminadas son arrastradas a las calles de la ciudad contaminando calles y destruyendo propiedades».

En 1988 se sumó a este recurso el Comité Ciudadano por la Defensa del Medio Ambiente y el Desarrollo de Chañaral, con la firma de más de 70 representantes de organizaciones sociales y gremiales. Se pedía «poner término a la contaminación bajo amenaza de clausura, pago de daños y otras medidas pertinentes». El recurso fue acogido y en un fallo inapelable de la Corte Suprema, se determinó que la contaminación producida por Codelco era resultado de un acto «ilegal, arbitrario e injusto». Por lo tanto, la empresa debía dejar de volcar sus desechos en el mar en el plazo de un año y construir un tranque en las inmediaciones del mineral para almacenar los relaves. La medida se materializó en abril de 1990, terminando con una acción contaminante reiterada y directa sobre la comunidad y la cuenca, que duró 52 años.

Sin embargo, aunque el tranque de relave fue construido, nada se realizó para reparar los daños causados en el ambiente. Tampoco se estudiaron científicamente los graves problemas de salud de la población afectada, ni se la ha compensado por la pérdida de una de sus principales fuentes de sustento: los productos del mar. Al contrario, con el tiempo las demandas locales han sido acalladas con demagogia y algunas obras de beneficio más simbólicas que reales. Por ejemplo, Codelco construyó un faro, apodado «del milenio» (cubierto de láminas de cobre) como distintivo de la ciudad; también ha entregado aportes para el canal de televisión municipal; financió la contratación de un médico para el Hospital de Chañaral; donó planchas de zinc a quienes perdieron sus techos a causa de la corrosión del polvo tóxico; y aportó una orquesta para la fiesta de Año Nuevo en 1999.

Hasta hoy la comunidad afectada recepciona con impotencia los despliegues comunicacionales de Codelco, que promociona ser modelo en gestión ambiental, aunque después de 20 años del fallo de la Corte Suprema, aun no ha iniciado un proceso de descontaminación y tampoco ha apoyado estudios sobre el estado de salud de la comunidad expuesta.

A comienzos de los años ‘90, el Comité Ciudadano de Chañaral hizo esfuerzos para que se dictara una ley que indemnizara a la comunidad con recursos del Estado, los que se invertirían en el desarrollo de la comuna. La iniciativa logró el apoyo unánime de parlamentarios, pero dado su carácter indemnizatorio con dineros públicos, el proyecto de ley requería patrocinio del Ejecutivo, pero el entonces Presidente Patricio Aylwin no estuvo dispuesto a apoyarlo.

A principios de los ‘90, la Comisión del Medio Ambiente de Atacama estimaba que descontaminar la bahía podría significar un costo cercano a los 500 millones de dólares; recurso económico que serviría para construir dos o tres ciudades como Chañaral. Hoy esa cifra sería significativamente mayor.

El descrédito es la característica predominante en la posición de la comunidad, pues las autoridades y la empresa han insistido en negar la contaminación y aprovechar su influencia en los medios de comunicación para desinformar mediante acuerdos ambientales que no se traducen en medidas de remediación para la “playa” de Chañaral.

En 2000, Codelco aseguró a los medios de comunicación nacional que invertiría 300 millones de dólares en los próximos seis años en la reparación de sus “pasivos ambientales” en Chañaral. Pero su accionar se limitó a conseguir la “Certificación Verde” que los países desarrollados exigen a las empresas, como condición para comprar sus productos.

En enero de 2001, Codelco celebró con la Municipalidad local una “Alianza Estratégica”, a través de la cual se comprometía a disponer a la ciudad de industria metalmecánica; refinería; internado para universitarios en otra ciudad; corporación de desarrollo; la implementación de una calendario de visitas de profesionales médicos; la creación de una planta de tratamiento no metálico, etc. Ninguna de estas promesas se cumplió.

Luego del trabajo desplegado por el Comité Ciudadano de Chañaral y que culminara en 1990, un grupo importante de pobladoras de la Junta de Vecinos Nº14 “Aeropuerto Poniente” en 1992 comenzó a inquietarse por las continuas ventoleras que levantaban los elementos del relave hacia esa población. Las protestas se incrementaron con la llegada de los estudios científicos que comprobaron posibles impactos del polvo de relave sobre la salud. Desde entonces vecinas y vecinos enviaron cartas a las autoridades, dieron a conocer numerosas declaraciones públicas, protestaron ante el Gobierno Regional y efectuaron una caminata hasta El Salvador, distante a 125 kilómetros, hacia el oriente de Chañaral, para llevar una carta al gerente de División Salvador de Codelco, que nunca fue contestada.

En marzo de 2001, en el contexto de las negociaciones sobre el tema entre la Municipalidad y Codelco, un grupo de ciudadanos de Chañaral enviaró al alcalde Héctor Volta y el cuerpo de concejales una carta en la cual manifestaron que: “Lo observable permite confirmar que la actitud y la estrategia de Codelco sigue manteniendo características históricas; esto es, no asumir su responsabilidad, omitir todo acto de reparación proporcional por el daño causado y desconocer los hechos jurídicos del caso, esquivando permanentemente las aspiraciones importantes de nuestra comunidad y volver a poner sobre el tapete ofertas difusas y vagas que más apuntan a la dilatación del caso que a resolverlo”.

Ese mismo año nace la Agrupación Ecológica “Chañaralinos Defensores de la Naturaleza” (CHADENATUR), heredera del trabajo poblacional, que pone una voz de alerta en la conciencia nacional e internacional sobre la realidad que vive Chañaral. Esta agrupación, muchas veces descalificada por las mismas autoridades locales y regionales, realizó un trabajo perseverante sobre la incrédula conciencia local, para luego tener una figuración nacional articulada por la Red Nacional de Acción Ecológica (RENACE), y de trabajo conjunto con el Instituto de Ecología Política (IEP), el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) y el Programa Chile Sustentable.

Actualmente emerge en la sociedad civil un nuevo e importante referente denominado “Colectivo Ciudadano”, constituido por jóvenes profesionales del área social, quienes proponen un nuevo impulso en el quehacer social de la comunidad, con la premisa de construir participación, democracia y ciudadanía, y al mismo tiempo, trabajar con el objetivo de mantener el tema ambiental de Chañaral como tarea pendiente.

Propuesta de política pública.

La magnitud del daño ambiental asociado a las faenas mineras -probablemente el de mayor impacto en la historia del país- tiene un correlato en la cantidad de investigaciones científicas independientes y del Estado referidas a los impactos de la depositación de relaves de Codelco. En tal sentido, el déficit primero no radica en el desconocimiento del problema, sino en la disposición política de obviar el daño y manipular los datos y a la opinión pública a través de los medios de comunicación, para reducir la conflictividad social que motiva la contaminación generalizada de Chañaral.

En tal sentido, el déficit institucional se relaciona con la falta de independencia de las autoridades técnicas y sanitarias, pues los estudios no se traducen en medidas concretas de remediación de los relaves abandonados por Codelco. La actual institucionalidad no opera a favor de los habitantes de Chañaral, que deben vivir en un medio ambiente contaminado, sea por el material particulado (relave) en suspensión, por los metales pesados que consumen en productos marinos, etc., sino que permite que la autoridad política silencie mediante actos de discrecionalidad los daños y resguarde los intereses económicos y políticos de Codelco. Lo que corresponde, en consecuencia, es reformar la institucionalidad de las Secretarías Regionales Ministeriales (de Salud, en este caso) para que éstas se deban sólo a criterios técnicos, científicos y legales.

De momento, la mayoría de los análisis están orientados a definir el nivel de contaminación en el entorno, pero no la incidencia de enfermedades en las personas. Por ello, la comunidad urgentemente requiere:

• Que se defina el impacto de los relaves en niños, embarazadas y adultos mayores, por sectores más expuestos y menos expuestos, para un estudio de prevalencia de plomo, arsénico, cobre y zinc.

• Que se examine la contaminación crónica de los habitantes de Chañaral, a través de estudios de orina, sangre, pelo, uñas, unidades de creatinina, dientes de leche, etc. Por supuesto, estas investigaciones deben ser encargadas a una universidad que de garantías de probidad, independencia y transparencia.

• Es perentorio que Codelco inicie un completo proceso de remediación de los pasivos ambientales (cerca de 4 kilómetros cuadrados de relaves), para extraer la totalidad de esta basura minera o bien, invertir en un nuevo emplazamiento para la ciudad de Chañaral, tal como ha hecho con las localidades de Potrerillos y Chuquicamata y se está haciendo con Chaitén, en la Región de Aysén.

• La multiplicación de los conflictos ambientales asociados a la instalación de faenas mineras, dada la preponderancia legal de este sector y los impactos que externaliza sobre comunidades locales y otros sectores económicos (turismo, agricultura, ganadería, etc.) amerita que se fijen normas para garantizar el uso eficiente de recursos hídricos en la etapa del traslado de los minerales.

• Con respecto al almacenamiento de relaves mineros, es crucial que este sector, que presenta una expansión histórica en las recientes dos décadas, transite desde el actual uso de tranques de relaves (aun cuando en Chañaral ni siquiera se aplicó esta técnica), hacia la adquisición de la tecnología de relave espesado o pasta de relave, con la finalidad de reducir el impacto sobre el entorno y el consumo y contaminación de agua.

En el estudio “Element Flows Associated with Marine shore Mine Tailing”, realizado por el prestigioso Bernhard Dold (Dr. Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente de la Universidad de Laussane, Suiza), en 2006, se determinó que el Río Salado infiltra en forma subterránea hacia el mar una pluma hiper-salina, con 3 veces más cloruro que el agua de mar. Cualquier medida de remediación superficial no va a solucionar el problema por completo porque el Cobre y el Zinc entran al mar en forma subterránea con contenidos de Cobre (19 mg/l), Zinc (10 mg/l), Sodio (35,4 g/l), y Cloro (55 g/l), por lo tanto la contaminación continúa ininterrumpidamente. A largo plazo habría que pensar en remediar el Río Salado.

En consecuencia, la gran deuda social con una comunidad de personas, como lo es Chañaral, sigue siendo una dramática realidad pendiente en Chile.