Hidroaysén y Energía Austral quieren represar la Patagonia y condenarla a convertirse en la gran pila de Chile

Patricio Segura Ortiz, Coalición Ciudadana Aysén Reserva de Vida. Consejo de Defensa de la Patagonia

Los ríos Baker, Pascua, Cuervo, Blanco y Cóndor se encuentran en la Región de Aysén, y corren desde lagos o glaciares en la hundida Cordillera de los Andes australes, desembocando en fiordos y humedales de alto valor ambiental y pristinidad, en la Patagonia chilena. Todos estos ríos pretenden ser represados por las empresas trasnacionales ENDESA y XSTRATA COPPER, y la eléctrica chilena COLBÚN S.A.

El 9 de abril de 2005 La Tercera titulaba así una crónica interior: “Endesa retoma proyectos por US$ 500 millones y acelera mega centrales en Aysén”1. Fue ése el anuncio de lo que sería la avanzada de empresas eléctricas con el fin de convertir los caudalosos ríos de la Patagonia en miles de mega watts para suplir las necesidades energéticas de la gran minería del Sistema Interconectado Central (SIC). Esto, al saber que la proyección de aumento de la demanda eléctrica de un 6,8% para los próximos años en la que se sustentan dichas iniciativas se basa en la incorporación al SIC de nuevos proyectos mineros.

Actualmente son dos las iniciativas que buscan construir represas en Aysén.

La más conocida y polémica es HIDROAYSÉN, sociedad controlada en un 51% por ENDESA Chile (propiedad de ENDESA España, y ésta a su vez propiedad de la italiana ENEL) y un 49 % por la chilena COLBÚN. El proyecto, calculado hoy en más de 3 mil millones de dólares, consiste en construir dos represas en el río Baker (el más caudaloso de Chile) y tres en el río Pascua para instalar una potencia total de generación de 2.750 mega watts.

El estudio de esta iniciativa ingresó en agosto de 2008 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), recibiendo serios cuestionamientos por parte de los organismos técnicos competentes; 11 de los cuales apuntaron al rechazo de la iniciativa por déficit de información relevante y esencial para efectos de su evaluación, e incluso dos plantearon que era ilegal. A pesar de lo expresado por lo servicios, el intendente y presidente de la Comisión Regional del Medio Ambiente (COREMA) de Aysén de la época, Selim Carrasco, aprobó el envío de un Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificaciones y Ampliaciones (ICSARA) a la empresa en noviembre de 2008 conteniendo los informes técnicos y sólo 7 observaciones ciudadanas, ya que se generó mucho antes de que terminara el plazo legal de participación pública establecido para fines de ese mes, ocasión en que la población presentó más de 11 mil alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Luego de esto HIDROAYSÉN solicitó suspensión de plazo de evaluación y a fines de octubre de 2009 presentó sus respuestas mediante un adenda. En noviembre los órganos con competencia ambiental hicieron nuevos cuestionamientos. El 4 de enero de este año, producto de diversas demoras, se tuvo que ampliar por 60 días hábiles más el plazo global de evaluación. A fines de enero HIDROAYSÉN solicitó suspensión de plazo, quedando de responder el 30 de junio de 2010.

Patagonia

La segunda iniciativa es ENERGÍA AUSTRAL, de propiedad de la minera de origen suizo XSTRATA COPPER y tiene su origen en los derechos agua de los ríos Cuervo, Blanco y Cóndor que NORANDA adquirió para la realización de las represas hidroeléctricas que requería el proyecto ALUMYSA2, el cual fracasó.

Por ello cuando en 2005 ENDESA anunció sus intenciones de embalsar los ríos Pascua y Baker para generar electricidad, FALCONBRIDGE (que había adquirido NORANDA en 2005, luego desistirse de ALUMYSA) vio la oportunidad para sacar provecho de sus activos inmovilizados. Así, en enero de 2007 XSTRATA COPPER (que en 2006 compró FALCONBRIDGE) presentó, a través de la sociedad ENERGÍA AUSTRAL, un primer proyecto de represas en río Cuervo, por 600 millones de dólares para instalar una potencia de 660 mega watts; el cual fue rechazado por la COREMA de Aysén en 2007, por carecer de información esencial y relevante para ser evaluado.

Luego de una reestructuración de la plana mayor de la sociedad, en agosto de 2009 ENERGÍA AUSTRAL contraatacó con un nuevo estudio, y en los próximos años espera presentar los proyectos de represas para los ríos Blanco y Cóndor, llegando a una potencia instalada por la sociedad superior a los 1.000 mega watts. Hoy la iniciativa está en pleno proceso de evaluación, pidiendo la empresa en octubre de 2009 plazo hasta junio de 2010 para responder las miles de observaciones técnicas de los servicios públicos.

Pero obviamente las represas necesitan que su energía sea transmitida. Es para ello que entra en escena un tercer mega proyecto: las líneas de transmisión.‘Hasta fines de 2009 (fecha en que concluye esta edición) era TRANSELEC, controlada por la canadiense BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT, la encargada de construir las torres y líneas de alta tensión para trasportar esta electricidad a través de unos 2.300 kilómetros, es decir desde Aysén hasta Santiago, cruzando y afectando 7 regiones, para inyectarla al SIC en la zona central del país; en un negocio que se calcula ya en 3.000 millones de dólares. Se espera que dentro de 2010 se presente el EIA respectivo.

A los proyectos de HIDROAYSEN, ENERGÍA AUSTRAL y TRANSELEC, se agregan las represas que se planean construir en el río Puelo, cuyas aguas son propiedad de ENDESA, y varias otras hidroeléctricas en base a los derechos de agua adjudicados o solicitados por empresas eléctricas en los ríos Cisnes (AES-Gener); río Figueroa (ENDESA y AES-Gener), río Palena (AES-Gener), río Bravo (AES-Gener) y todos los demás caudalosos ríos de la Patagonia; lo cual ilumina respecto de que la intención última de los dueños de las aguas es convertir a la Región de Aysén en la Gran Pila de Chile.

El grave problema generado por este apetito hidroenergético para devorar los ríos de la Patagonia, tiene su origen en la forma de asignación de los derechos de agua que instala en Código de Aguas decretado por el régimen militar en 1981; y presenta una arista regional y otra nacional.

A nivel local se genera una fuerte contradicción entre la vocación territorial de una región completa, que ha definido su desarrollo sobre la base del concepto de Aysén como reserva de vida. Esto ha sido refrendado en la Estrategia de Desarrollo Regional para el sexenio

2000-2006, en el ordenamiento territorial, en la zonificación del borde costero y en los diversos instrumentos públicos que se han puesto a disposición del sector privado para potenciar tres actividades productivas principales: turismo, el sector silvoagropecuario y el pesquero-acuícola. En ninguna parte había aparecido, hasta que la presión privada trasnacional lo hizo ver, la construcción de represas como un polo de desarrollo regional. En el fondo, se trataría de una imposición de un modelo por motivos extrarregionales que, como se verá, no caben dentro de la categoría de “interés país”.

Además, la adjudicación de derechos de propiedad de facto sobre las aguas a manos de las empresas eléctricas ha provocado un grave problema de inequidad, al impedir que los agricultores y pobladores de la cuenca del Baker, el más caudaloso de Chile, hoy tengan derecho sobre las aguas que corren por sus tierras, porque éstas pertenecen a ENDESA, afectando gravemente no sólo sus actividades económicas presentes y futuras, sino incluso poniendo en riesgo la supervivencia en la zona de las comunidades locales que carecen de agua.

A nivel nacional, la eventual concreción de estos proyectos agravaría la concentración duopólica de la generación eléctrica en el SIC, poniendo en manos de COLBÚN y ENDESA el 80 % de los insumos eléctricos del SIC, lo cual significa un grave riesgo para la diversificación y seguridad de Chile en un sector tan estratégico como el de la energía. A la vez, la inyección masiva de la electricidad de la Patagonia al SIC impediría el ingreso de nuevas fuentes de energía, como las renovables no convencionales (solar, eólica, geotermia, etc.) que son menos invasivas y realmente sustentables.

Entre los principales actores directamente involucrados en el conflicto por la eventual inundación de los ríos de la Patagonia con fines de generación eléctrica, están las empresas HIDROAYSÉN (ENDESA y COLBÚN), ENERGÍA AUSTRAL (XSTRATA COPPER) y TRANSELEC (BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT). Con una visión crítica, los empresarios turísticos regionales.

Confrontan a las empresas hidroeléctricas y de trasmisión tanto los empresarios turísticos de la región como las organizaciones ciudadanas regionales y nacionales, destacando la coalición Consejo de Defensa de la Patagonia, con más de 50 agrupaciones de la región, del país y del extranjero, que se han pronunciado en contra de las represas en la Patagonia y realizado una intensa campaña de oposición a estos proyectos a nivel nacional e internacional. También se oponen a las represas en la Patagonia diversas agrupaciones y movimientos ciudadanos autónomos y miles de chilenos y extranjeros que a través de distintos mecanismos dan a conocer su visión sobre estas iniciativas. Este rechazo se ha reflejado claramente en encuestas recientes (IPSOS, Fundación Futuro, CERC), en las cuales, entre un 53 y un 57 % de los chilenos rechaza fuertemente tales iniciativas.

En los últimos meses además la oposición se ha intensificado, especialmente en las regiones del sur; de O’Higgins, del Maule, del Biobío, de la Araucanía, de los Ríos y de los Lagos, zonas por donde se estima atravesarían las líneas de alta tensión que transportarían la electricidad generada por las represas de Aysén, si éstas llegaran a aprobarse.

Adicionalmente, también se ha ido conformando un grupo de una treintena de parlamentarios críticos a estos proyectos, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y está por verse cual será la posición real del próximo Gobierno.

Impactos sobre la comunidad local y el desarrollo.

HIDROAYSÉN declara que sus proyectos generarían más de 5 mil empleos en la construcción, durante 10 años, de sus cinco represas. Pero este cálculo no aclara que sería sólo durante el momento peak de construcción. Tampoco advierte que la mayoría de estos trabajadores provendrían desde fuera de Aysén, dado que en esta región de la Patagonia no existe mano de obra calificada para este tipo de faenas. Tampoco informa la empresa que en el período de operación de las centrales, de unos 50 a 60 años, el número de empleos directos sería de sólo 140 personas, por lo cual de los 5 mil trabajadores más del 97% quedaría cesante finalizadas las faenas. Ello, sin considerar los empleos que se perderían en actividades como la agricultura, el ganadería y principalmente el turismo, rubros productivos basados en la marca Patagonia prístina, que se vería gravemente afectada a consecuencia de los impactos ambientales, paisajísticos y sociales que provocarían la construcción de las 5 mega centrales y la infraestructura asociada a ellas, por ejemplo, los tendidos eléctricos.

Instalar 5 mil personas en la provincia Capitán Prat (Cochrane, Villa O’Higgins, Caleta Tortel) que hoy en conjunto no supera los 4 mil habitantes, es un crimen social. No se ha previsto la magnitud de lo que significa doblar la población de una comunidad en menos de 5 años. Tampoco lo que conllevaría para la cultura original, en localidades que no están preparadas en seguridad, salud, educación y vivienda para asumir esta presión.

La Comisión Mundial de Represas estableció que en los territorios donde se construyen las represas aumentan los problemas mentales y físicos, hay inadecuados programas de mitigación, reasentamiento y desarrollo para desplazados, y que la permanente desconsideración comunidades aguas abajo de represas han conducido al empobrecimiento y sufrimiento de millones. ¿De dónde saldrán los recursos para la infraestructura y servicios públicos necesarios para la población flotante que traería el proyecto? Probablemente, de otras zonas de la región, que deberían sacrificarse por las necesidades de la empresa.

El Camino Longitudinal Austral es la única vía terrestre de conexión nacional entre el norte y el sur de Aysén. Por las necesidades de traslado de sus miles de trabajadores desde Balmaceda hacia los lugares de construcción de las represas, la vía (de alto interés turístico global) sería copada por camiones, maquinaria pesada y buses de trabajadores; y de Puerto Bertrand al sur con camiones de carga pesada para el traslado de insumos, maquinarias y escombros. Esto, durante toda una década.

Estos proyectos no sólo incluyen la construcción de represas y tendidos eléctricos de alta tensión, tanto al interior de las cuencas afectadas para la interconexión de las propias represas como hacia fuera de la región para la trasmisión de energía al SIC. Además consideran la intervención de bosques y remoción de terrenos para caminos, diques, e instalación de deposito de estériles, combustibles, maquinarias y campamentos.

En las cercanías de San Lorenzo, en Cochrane, se pretende instalar un gigantesco relleno sanitario para disponer 7 mil toneladas de desechos y escombros. Y esto se repetiría en diversas zonas del sur de Aysén, incluyendo desperdicios de origen humano, orgánico e inorgánico que quedarían para siempre en la Patagonia. Además, de yacimientos para extracción de áridos, una estación conversora de corriente alterna a continua, escombreras, campamentos de trabajadores, con manejo de explosivos y generación de polvo en suspensión a gran escala. Precisamente lo que no buscan los visitantes que viajan a la Patagonia en busca de naturaleza no intervenida y tranquilidad.

“Construir una represa es asesinar un río”. Esta frase dicha por Hugo Campos -Premio Nacional de Ciencias y doctor en Ecología Acuática- resume lo que se quiere hacer con los cauces prístinos de Aysén. La Comisión Mundial de Represas estableció que estas obras generan pérdida de la biodiversidad acuática de las pesquerías río arriba y abajo, y de los servicios brindados por las planicies de inundación río abajo, por los humedales, y por los ecosistemas de las riberas, y estuarios adyacentes. Además provocan pérdida de bosques y hábitats de poblaciones de especies nativas, y la degradación de las cuencas río arriba debido a la inundación de la zona de los embalses e impactos acumulativos en la calidad del agua, por las inundaciones naturales, y en la composición de las especies cuando en el mismo río se construyen varias represas.

Lo que está en juego en Aysén es un futuro con decenas de centrales hidroeléctricas, convirtiendo a la Patagonia en un territorio colmado de ríos represados y tendidos eléctricos para beneficio de la gran minería, las grandes ciudades y los ineficientes centros de consumo.

¿Es justo, equitativo, corresponde al país democrático y solidario que queremos construir? El último hito en la lucha de las comunidades fue que, luego de más cinco meses de denunciar las donaciones de HIDROAYSÉN y ENERGÍA AUSTRAL a los municipios de la zona que deben pronunciarse en forma directa en la evaluación de los proyectos, la Contraloría Regional de Aysén estableció la incompatibilidad de tales contratos y convenios. Con esto, también se cuestionó y estableció como ilegítima e ilegal la política de responsabilidad social empresarial de HIDROAYSÉN y ENERGÍA AUSTRAL, mediante la cual entregaban recursos a los municipios de la Región de Aysén, a pesar de que éstos están en pleno proceso de evaluación de las iniciativas de ambas empresas.

De esta forma, las empresas ENDESA /COLBÚN y XSTRATA COPPER, al igual que lo han hecho otras zonas del resto de Chile, socavan la correcta aplicación de las regulaciones vigentes por parte de las instituciones publicas mediante la incompatible y falta de ética intervención económica en la gestión política y pública.

Relación con el marco jurídico vigente.

Los proyectos en los ríos Baker y Pascua de HIDROAYSÉN (ENDESA/COLBÚN), y en el río Cuervo de ENERGÍA AUSTRAL (XSTRATA COPPER) son posibles en virtud de la propiedad de derechos de agua que ostentan estas empresas sobre dichos caudales en la Patagonia chilena. La forma en que ENDESA se adjudicó los derechos de agua de los ríos Baker y Pascua es un claro ejemplo de cómo el poder económico se une al político para la apropiación de los recursos naturales estratégicos, en desmedro de las comunidades locales.

ENDESA logró el control de los derechos sobre las aguas de los ríos Baker y Pascua mediante las reglas del Código de Aguas, instituido por el régimen militar en 1981. El origen de dicha apropiación se remonta a los años 1979-1982, cuando José Yuraszeck, fue jefe de Planificación en Aysén, en un organismo que concentra la información y estudios sobre potencialidades hidroeléctricas del país. En 1983 vuelve a Santiago para hacerse cargo de la gerencia general de la estatal de distribución eléctrica Chilectra Metropolitana. Entre 1987 y 1989 logra el control e ENERSIS y ENDESA mediante un cuestionado proceso de privatización. Investigaciones estiman que el Estado de Chile perdió U$ 1.000 millones en el traspaso.

Entre enero y marzo de 1990 -en las postrimerías del régimen de Pinochet- ENDESA (controlada por la también privada ENERSIS) recibe gratuitamente y a perpetuidad derechos de los ríos Ibáñez, Pascua y Baker. Siete años más tarde, en 1997 ENERSIS se vende a ENDESA España en una transacción de 500 millones de dólares; y en la cual se estima que Yuraszeck obtuvo utilidades de entre 66 y 100 millones de dólares.

Luego en 1999, curiosamente el Presidente Eduardo Frei solicitó realizar, con recursos públicos, estudios sobre el potencial hidroeléctrico de los ríos Baker y Pascua, a pesar de que prácticamente todos los derechos de agua de esos ríos ya pertenecían a la privada ENDESA España.

Para el desarrollo del proyecto HIDROAYSÉN “las firmas (ENDESA Chile y COLBÚN S.A.) decidieron que la nueva sociedad tendrá un capital inicial de U$ 40 millones, los que serán aportados mayoritariamente por COLBÚN, mientras que ENDESA pondrá a disposición los derechos de agua necesarios para hacer el proyecto”

Como se planteó anteriormente, la situación de los derechos de agua en Aysén es trágicamente paradójica. ENDESA, sin tener en la actualidad ningún proyecto en ejecución, posee desde el año 1990 más del 90% de los derechos de agua del río Baker, generando graves problemas para la regularización de sus derechos por parte de quienes históricamente han sido los habitantes de ese territorio. En la práctica, actualmente en la cuenca del Baker, el más caudaloso de Chile, legalmente hoy no hay agua.

Posición y acción del Estado.

El Estado chileno ha tenido variadas posturas en torno a los proyectos hidroeléctricos en la Patagonia, y particularmente sobre HIDROAYSÉN. En el ámbito político, el ministro del Interior Edmundo Pérez Yoma fue un férreo defensor de estas iniciativas, utilizando para agilizar la tramitación ambiental de las 5 mega centrales hidroeléctricas, al intendente y presidente de la COREMA de Aysén, Selim Carrasco.

Pero a pesar de la presión política para facilitar estos proyectos eléctricos, el proyecto original en el río Cuervo de ENERGÍA AUSTRAL fue rechazado en 2007 por la COREMA de Aysén; y con respecto a HIDROAYSÉN, los servicios públicos que evaluaron el EIA han sido lo suficientemente críticos como para dejar en claro que aunque a nivel político estos proyectos cuentan con un respaldo tácito a nivel técnico no habrá un fast track como el que pretendía el ministro de Energía, Marcelo Tokman. Dicha presión para una vía rápida ambiental intentó ser neutralizada por la ministra del Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte, quien dio un fuerte respaldo al trabajo profesional de los órganos técnicos competentes en la Evaluación del EIA.

Pero en la práctica, cuando la Presidenta Michelle Bachelet permitió que autoridades como Pérez Yoma, Tokman o Viera-Gallo respaldaran pública y notoriamente el proyecto HIDROAYSÉN, a pesar de que estaba en pleno proceso de evaluación ambiental, no quedó mucho a la interpretación. Más aún al conocer la forma cómo el intendente de Aysén Selim Carrasco concitó el apoyo directo a HIDROAYSÉN, en su calidad de presidente de la COREMA en noviembre de 2008, ordenando el envío del ICSARA al proponente aun cuando gran parte de los servicios públicos evaluadores solicitaban en sus observaciones de una u otra forma el rechazo de la iniciativa.

Por estas razones, otros organismos del Estado como la Cámara de Diputados actualmente se encuentran investigando las posibles irregularidades que existieron en la tramitación del estudio de impacto ambiental de HIDROAYSÉN, el cual no tenía los antecedentes para continuar siendo evaluado en el SEIA y debió ser rechazado. A consecuencia de esta irregularidad, aún hoy (inicios de 2010), a más de un año y medio del ICSARA, la empresa HIDROAYÉSN todavía no presenta las rectificaciones y aclaraciones, luego de pedir suspensión de plazo de evaluación.

Adicionalmente, en el Poder Legislativo también se conformó un grupo de parlamentarios críticos a estos proyectos, como los senadores Alejandro Navarro, Carlos Ominami, Juan Pablo Letelier, Ricardo Núñez, Guido Girardi, Mariano Ruiz-Esquide, Nelson Ávila y José Antonio Gómez. También una veintena de diputados entre los que destacaron Enrique Accorsi, Marcelo Díaz, Alfonso de Urresti, Guido Girardi Briere, Alejandro Sule, Fulvio Rossi, quienes manifestaron la inconveniencia de estos proyectos aduciendo impactos ambientales y de concentración monopólica. Posiciones que habrá que solicitar a otros parlamentarios asumidos el 11 de marzo de 2010, momento en que se generó un cambio en la conformación de los equilibrios políticos en las cámaras Alta y Baja. Ello, por cierto, además del rol que tendrán al respecto las autoridades del Gobierno de Sebastián Piñera.

Posición, estrategias y propuestas de la comunidad en torno al conflicto. Luego del anuncio de ENDESA en 2005, sobre el diseño y construcción de sus 5 represas en la Patagonia, los directivos de varias organizaciones regionales decidieron informarse y analizar el proyecto. Organizaron talleres de capacitación para la comunidad sobre energía, participación ciudadana, evaluación de impacto ambiental, legislación y sobre el propio proyecto de ENDESA. Se abrió en Coyhaique (capital de la Región de Aysén), un debate que resultó en la formación, en enero de 2006, de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida.

En su declaración pública fundacional la alianza planteó que “hemos llegado a la conclusión que este mega proyecto no es coherente con el desarrollo sustentable de la Región de Aysén y la Patagonia ni con la visión de futuro planteada por gran parte de su población” y que “intervenir a la escala planteada los más importantes ríos (en caudal, biodiversidad, potencialidades turísticas) de la Región de Aysén y Chile no sólo será un verdadero asesinato de estos cauces sino además atentará contra todas las formas de vida de estas cuencas y también contra las condiciones de vida y la visión que quienes habitamos esta tierra tenemos respecto del desarrollo integral presente y futuro para nuestras comunidades, tanto en lo ambiental como en lo cultural, social y económico”.

Fue en 2007 cuando como una manera de generar sinergias entre los distintos actores críticos a las represas en la Patagonia se forma el Consejo de Defensa de la Patagonia, (CDP) que hoy reúne a más de 50 organizaciones locales, nacionales y extranjeras del ámbito ambiental, ciudadano, productivo, social. Desde esa época el CDP es el núcleo que impulsa la campaña Patagonia sin Represas en todo el país.

Esta coalición trabaja en el ámbito comunicacional, de la participación ciudadana y el activismo, legal, técnico, político-institucional e internacional.

Su principal objetivo hoy, es evitar que se aprueben y construyan estas represas en la Patagonia, para lo cual ha accionado directamente en la ciudadanía mediante una intensa campaña informativa, de movilización y publicidad que apunta a la irracionalidad de hipotecar el futuro de una región completa, a pesar de que existen alternativas reales para asegurar el suministro de energía suficiente para el Chile de las próximas décadas apostando prioritariamente a la eficiencia y el ahorro energético, y las energías renovables no convencionales. Apuntando a que en el fondo, en Chile no se puede seguir confundiendo el desarrollo energético del país con el negocio energético de unos pocos.

Y su labor ha trascendido más allá, llegando a un estado en que decenas de organizaciones y agrupaciones que no forman parte del CDP se han alzado en lo que ya es el movimiento ciudadano Patagonia sin Represas, sustento y legitimidad de todo el trabajo que se realiza.

En términos cuantitativos, los logros están a la vista. Hoy entre el 53 y el 57 por ciento de los chilenos no quiere represas en la Patagonia, y los precandidatos presidenciales Alejandro Navarro, Jorge Arrate y Marco Enríquez-Ominami expresaron directamente durante la campaña en 2009 su rechazo a estas iniciativas. Por su parte el actual Presidente, Sebastián Piñera, morigeró su discurso desde un neutro ( en la práctica pro represas) “se van a hacer respetando el 100 % de la Ley Ambiental” a un balanceado “las mega obras son necesarias sólo si no existen otras alternativas, y yo creo que no estamos en ese momento”.

Pero más allá de la coyuntura, relacionada con la aprobación o rechazo, a la construcción de las represas de HIDROAYSÉN y ENERGÍA AUSTRAL, la campaña Patagonia Sin Represas ha tenido importantes logros en torno a la construcción de un Chile del siglo XXI más ético, justo y sustentable. Hace cinco años atrás, hablar de energías renovables no convencionales era un chiste. “Son experimentales” se decía. “Eso ocurre sólo en los países desarrollados” era común escuchar. Con suerte energía eólica y solar, nada de geotermia, biomasa o mareomotriz. La eficiencia energética tampoco era tema.

Pero Chile cambió. Hoy estas tecnologías son evaluadas como buenas, posibles y reales alternativas para el país, y se han instalado en el inconsciente colectivo nacional. Y eso gracias al trabajo de protagonistas de la sociedad civil que desde hace años vienen realizando campañas y propuestas de Ley sobre estos temas; pero también, en gran parte estas alternativas han sido gatilladas por esta lucha ciudadana contra el represamiento de la Patagonia, que ha mostrado la necesidad de una matriz energética sustentable y diversificada de verdad, y respetuosa de las vocaciones territoriales de Chile.

Hace cinco años, el agua era una simple mercancía. A pesar ser el eje de los más importantes conflictos socio ambientales de la última década como la represa Ralco en Alto Biobío; el proyecto minero de extracción de oro Pascua Lama en el Valle del Huasco; el tranque de relaves El Mauro de Minera Los Pelambres cerca del pueblo de Caimanes y la planta celulosa Celco en Valdivia, la posibilidad de cambiar profundamente nuestro neoliberal Código de Aguas de 1981 era una fantasía. Pero han pasado los años, y hoy existe una Plataforma para la Recuperación del Agua como un derecho humano y un patrimonio común de todos los chilenos. El obispo de Aysén, monseñor Luis Infanti, lanzó una Carta Pastoral “Danos hoy el Agua de cada día”; y varios de los precandidatos presidenciales plantearon la nacionalización del agua como un tema fundamental dentro de sus postulaciones. Y en eso, por cierto, la campaña Patagonia Sin Represas algo ha tenido que decir.

Hace cinco años, de entre los jóvenes ayseninos que estudiaban fuera de la región no se veía un interés colectivo, masivo y público, y sí quizás sólo en algunos casos específicos,

de volver a su región a ejercer. No era sólo un tema de oportunidades, se percibía la sensación de que “hay que irse para avanzar”. Pero hoy ahí está la Agrupación Nacional Jóvenes Tehuelches, donde muchos estudiantes han decidido seguir carreras vinculadas con áreas que les permitan regresar a Aysén y no sólo a trabajar, sino a defender y proteger su tierra especial, su identidad originaria, del proceso industrializador e insustentable al que algunos la quieren someter.

Por todo ello es posible afirmar que a partir de este conflicto por los proyectos hidroeléctricos en la Patagonia, se han fortalecido las propuestas de políticas públicas en el ámbito del desarrollo energético.

En el mismo Santiago nuestra capital y donde, como en todo país centralizado, se concentra la inteligentzia nacional y converge el 40 por ciento de la población del país organizaciones especializadas en agua y energía, como el Programa Chile Sustentable, han denunciado con sólidos fundamentos que el principal instrumento de administración de los recursos hídricos es inequitativo y antidemocrático. “Lo que el Código de Aguas de 1981 produjo fue la acumulación de este recurso natural en pocas manos, primero de chilenos, que luego lo vendieron a las trasnacionales del agua” explica su directora Sara Larraín. Similar opinión tiene Juan Pablo Orrego, coordinador de la ONG Ecosistemas: “Es impresionante, basta que una empresa tenga los derechos de agua constituidos en un río y eso le permite al final avasallar una cuenca entera, ecológicamente exquisita, habitada por un pueblo indígena precolombino” señala, recordando a campaña contra la construcción de Pangue y Ralco, lucha que derivó en que se levantaran sólo 2 de las 7 represas que ENDESA planificaba originalmente en el río Biobío.

¿Son ambientalistas? Sí, responden, aunque hablan de democracia, bien común, participación, con una mirada social y ambiental. Pero es infructuoso. La mayoría de los medios los encasillan, estereotipan. Para ellos, y por extensión para la media, son ambientalistas extremos.

El Código Civil en su artículo 595 establece que‘“todas las aguas son bienes nacionales de uso público” y su dominio pertenece a la nación toda (sic). Palabras que se llevan las olas al establecer la Constitución que “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

En el sitio web de la Dirección General de Aguas (DGA), en el link “Mercado de Derechos” uno puede ingresar a la página “Mercado del Agua”. Allí están nuestros ríos, lagos y quizás glaciares… un producto, una mercancía. El Código de Aguas de 1981 (modificado en 2005) establece que, al obtener alguien el derecho de aprovechamiento del recurso, el caudal solicitado pasa a ser de su propiedad individual, gratuitamente y a perpetuidad, pudiendo administrarla a su arbitrio (siguiendo ciertas normas en torno a sus características físicas y biológicas).

Actualmente, casi el 80 por ciento de los derechos no consuntivos, que se otorgan para la generación eléctrica, pertenecen a una sola empresa, ENDESA Chile. Otro dato relevante es que más de un 30 por ciento de la electricidad del país es consumida por la minería; y un volumen similar, todo el sector industrial.

Para el ex director general de aguas, Rodrigo Weisner, este sistema no es un problema: “Mercados del agua existen en todo el mundo y existen en países en que la intervención estatal y los permisos que se otorgan para el agua son precarios. En segundo lugar, el mercado es un buen mecanismo para la reasignación del recurso y a mi juicio la más importante, porque el mercado entrega una señal de precios que es un muy buen indicador desde el punto de vista de la escasez del bien en general… no es bueno que el agua sea gratis en su uso y en exceso todo lo que es gratis se mal usa” señaló en una entrevista.

Aún así, el Gobierno de Michelle Bachelet, al menos, tenía claridad de que existe un problema de método en la asignación de las aguas, y que no basta con administrar los recursos hídricos con un sentido propietarista. En su discurso del 21 de mayo de 2006 lo dijo la propia Presidenta: “Ningún proyecto de inversión podrá pretender hacerse rentable a costa del medioambiente. Tampoco evaluaremos proyectos aislados, sino que incorporaremos el ordenamiento territorial, el manejo integrado de cuencas, como eje de nuestra nueva política”. El investigador de la CEPAL Axel Dourojeanni lo ha dicho: “La gestión del agua y de cuencas es por definición gestión de conflictos porque no hay nada en una cuenca que no afecte a los otros”. Y, hoy, en Chile, la gestión se ha basado en el derecho de aprovechamiento (igualado en la práctica al derecho de propiedad) por sobre todas las cosas.

Es claro que hoy no estamos pensando ni gestionando correctamente los bienes naturales del planeta, a pesar de la tan manida y famosa frase del Informe Brundtland sobre equidad intergeneracional: “El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”.

Hoy muchos creen que la señal que está dando el planeta se limita sólo a que no hay que emitir gases de efecto invernadero. Pero en realidad, el llamado de Gaia es mucho más profundo: nos dice que el no considerar los efectos reales de nuestras acciones sobre la naturaleza y los impactos integrales que provocamos en términos sociales, ambientales y económicos, evidencia que como especie hemos hecho muy mal las cosas.

Si no hemos entendido esto, en realidad, no hemos entendido nada.

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