Ñuble Libre inicia ofensiva legal para frenar Central Ñuble en San Fabián

Rio Ñuble LibreLa organización ambiental ciudadana Movimiento Social por la Defensa del Río Ñuble (Ñuble Libre), inició su ofensiva legal contra el proyecto Central Ñuble, de Eléctrica Puntilla, que se construye en San Fabián, mediante la presentación ayer ante el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y ante la Superintendencia de Medio Ambiente, de cinco solicitudes (de revisión, decaimiento y caducidad de la resolución de calificación ambiental (RCA) de la hidroeléctrica, así como la paralización de las obras, que comenzaron en noviembre pasado.

Una docena de miembros y adherentes de Ñuble Libre, encabezados por Juane Rosselot Aguilera, se reunió ayer en Concepción, donde además de presentar las solicitudes, se dirigieron al edificio del Gobierno Regional, donde entregaron una carta dirigida al intendente Rodrigo Díaz, emplazándolo a responder como “directo responsable de la gestión de este territorio protegido”, porque “no ha cumplido con la correcta promoción de un futuro económica y socialmente sustentable en el Valle del Ñuble como correspondería según los acuerdos suscritos” con la Unesco en el marco de la declaración de Reserva de la Biósfera.

Rosselot afirmó que “no descansaremos hasta agotar todas las instancias legales y mediáticas mientras la Hidroeléctrica siga devastando irresponsablemente la cuenca del río Ñuble”.

Ofensiva legal

Esta primera etapa de la ofensiva legal es llevada adelante por la organización ambiental Geute, en la que participa la abogada ambientalista Macarena Soler Wyss, quien se ha destacado por su trabajo como jefe del área legal del proyecto Pumalín; como coordinadora del área legal de Patagonia sin represas, que se opone a la concreción del proyecto Hidroaysén; y como parte de la campaña “Puelo sin torres” por la defensa del río Puelo.

La profesional detalló que la solicitud de caducidad de la RCA que se presentó ante la Superintendencia se basa en la modificación a la Ley de Bases del Medio Ambiente hecha en 2010, la que incorporó una norma de caducidad, según la cual, luego de 5 años, una RCA expira si no se han realizado obras de manera sistemática. En ese sentido, dado que la RCA de la central caducó en 2012, se solicita que se paralicen las faenas en tanto se resuelva la solicitud.

Soler precisó que si bien en 2013 se dictó el Decreto Supremo 40, que estableció una excepción a la caducidad, extendiendo la vigencia de la RCA hasta el 26 de enero de 2015, dicha norma “vulnera del principio de legalidad que rige los actos de la administración del Estado, según lo dispuesto en los artículos 6º y 7º de la Constitución”.

En cuanto a las solicitudes de revisión y decaimiento de la RCA y paralización de obras, la abogada explicó que éstas obedecen a tres aspectos clave: en primer lugar, las variables utilizadas para establecer las medidas de mitigación y compensación establecidas en torno a la fauna íctica y los mamíferos ha variado sustantivamente, pasando tres especies afectadas a las categorías de en peligro y vulnerables; en segundo lugar, las variables contempladas para la evaluación del impacto sobre el turismo no consideran que el área de influencia del proyecto es zona de interés turístico declarada por Sernatur y que la oferta de equipamiento gestionado por la comunidad hoy es mucho mayor; y en tercer lugar, porque se viene realizado una tala de especies nativas en peligro de extinción fuera de la legalidad del permiso sectorial Nº 102 contenida en la RCA, lo que es reforzado por la Ley de Bosque Nativo de 2008, que protege especies nativas y su hábitat con la excepción de que el proyecto sea declarado de interés nacional.

Además, se presentó una solicitud a la Superintendencia para que verifique el cumplimiento de las condiciones y obligaciones impuestas en la RCA.

Soler enfatizó que si este proyecto se hubiera presentado hoy, no habría sido aprobado, y se mostró confiada en el resultado de las acciones, puesto que “esto no se ha ido a alegar a las cortes”, adelantando con ello los próximos pasos que abordará el camino judicial.

Fuente: La Discusión

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